Cuba red Avispa

Cuba Red avispa Para la Habana son héroes de la Revolución; para la justicia estadounidense, espías. Su misión antiterrorista en Miami salvó la vida de miles de personas al informar con anticipación de sabotajes y asesinatos contra la población y figuras de la política cubana Nydia Egremy La agresión del anticastrismo radicado en Estados Unidos contra Cuba originó una contraofensiva de inteligencia del régimen de la isla que tuvo su más reciente fruto en la sentencia de una corte de Miami contra cinco agentes del Estado cubano tras un juicio irregular y el silencio de la gran prensa. El 12 de septiembre de 1998 el Departamento de Justicia asestó el mayor golpe a la inteligencia cubana infiltrada en Estados Unidos al acusar a 14 miembros de la Red Avispa de “conspirar para recopilar y entregar información de defensa a un gobierno extranjero y por no haberse registrado como agentes en Estados Unidos”. Sin embargo, la Oficina Federal de Investigación (FBI) conocía el trabajo que ellos realizaban desde 1995 y se benefició de la información que le brindaron luego de su infiltración en los grupos anticastristas de La Florida. Fernando González, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino tenían la misión de actuar como un sistema de alerta temprana para monitorear y vigilar a las organizaciones anticastristas, introduciéndose incluso a la organización Hermanos al Rescate (HAR). A raíz de su arresto, los agentes fueron confinados en celdas de castigo sin acceso a defensores y familiares y sólo salieron para enfrentar su juicio, pues confiaron en el sistema judicial estadounidense, que finalmente los condenó, sin pruebas, a algunos a cadena perpetua, y a otros a prisión de entre tres y siete años. Roberto González, abogado defensor y hermano de René, uno de los agentes sentenciados, declaró durante su reciente visita a México: “no espiaron, hicieron labor de infiltración, de monitoreo. El espionaje tiene una connotación de seguridad nacional en Estados Unidos”. Explica que la información que adquirieron los agentes “se consigue a través de Internet o en los periódicos. Nunca se espió para violar la seguridad nacional. Espiar es buscar información protegida por el gobierno y obtenerla por fuentes no publicables”. Admite que sí hay una infracción de la ley estadounidense por no registrarse ante el Departamento de Justicia como agente de un país extranjero. El delito no es ser agente, sino no registrarse, pero en todo caso lo que procedía era la expulsión diplomática, no una pena judicial. Hoy se sabe que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) posee copias de las trasmisiones interceptadas de alta frecuencia dirigidas a La Habana y que demostrarían que la información enviada a Cuba buscaba prevenir las acciones del exilio. La defensa de los agentes solicitó a la Corte Federal de Miami que se revele esa información. De no hacerlo, se apelará a la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Juicio justo? Algunos juristas e intelectuales perciben el proceso como un montaje, con sentencia dictada de antemano contra un Estado, no contra los acusados. William Blum, autor de Estado Villano: Guía para la única superpotencia del mundo”, citado por The Washington Post (27 de febrero de 1996), destaca que la Asociación de Abogados de la Defensa de Florida otorgó a la defensoría de los agentes el premio Contra todas las Probabilidades Según Blum, defender “a los cubanos que están a favor de Castro en Miami en un caso criminal plagado de alusiones políticas y con el gobierno estadounidense plenamente decidido a joder a un puñado de rojillos es como llevar a cabo una guerra terrestre contra Rusia en temporada de invierno”. Y es que el proceso contra los cinco agentes violentó varias normas jurídicas, entre ellas la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que todo acusado tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Además, la juez Joan A. Lenard rechazó la moción para cambiar la sede del juicio, dada la hostilidad generada por una campaña contra los acusados causada por ella misma con la entrega a grupos anticastristas de mil 400 páginas del proceso. Su declaración al The New Herald de que: “este juicio será más interesante que cualquier programa de televisión” caldeó el ambiente. Otro agravante fue que la fiscalía sostuvo reuniones públicas y visitas con los grupos ultraderechistas de Miami desde el arresto de los agentes y ninguno de los exiliados que declararon en el juicio sobre actos terroristas o los grupos a los que éstos pertenecen fueron procesados. En junio del 2001 los cinco agente fueron declarados culpables y en diciembre recibieron sentencia. Durante seis meses se les intentó incriminar sin pruebas. Según el sumario del juicio, la fiscalía argumentó que buscaron “atacar nuestro sistema de seguridad nacional y nuestro proceso democrático”. Sin embargo, como demostraron la defensa y los testigos de la propia fiscalía, la seguridad nacional estadounidense nunca peligró por la misión de los agentes. Gerardo Hernández Nordelo fue acusado de transmitir el itinerario de los pilotos de las avionetas de HAR para que la Fuerza Aérea Cubana los interceptara. Fue el enlace entre la inteligencia cubana en la isla y agentes infiltrados en organizaciones anticastristas, recibió y transmitió mensajes advirtiendo al piloto René González —infiltrado en HAR— que no volara entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Por otra parte, hubo un intercambio de al menos 27 notas entre el gobierno cubano y el estadounidense en ese caso para evitar el sobrevuelo de la isla. Al cargo de “violación” de la seguridad nacional estadounidense” que se le imputó a Gerardo se respondió con el testimonio de militares del Comando Sur, como el general Charles Wilhelm, excomandante en jefe del mismo; Edward Atkeson, exvicejefe del Estado Mayor del Ejército para la Inteligencia; Eugene Carrol, exvicejefe de Operaciones Navales; George Bukner, del Comando del Sistema para la Defensa Aérea, y James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y experto de la fiscalía. El Pentágono apuntó: “No existen indicios de que hayan tenido acceso a información clasificada o a áreas sensibles”. Todos admitieron que los acusados no cometieron espionaje militar contra Estados Unidos, pero aun así se les declaró culpables de todos los cargos. Otras anomalías del proceso fueron: amenazas contra el jurado —filmar las placas de sus autos—, desconocimiento de las pruebas de la defensa, violación al derecho de los acusados a un juicio justo y que el veredicto se dio sólo cuatro días después de iniciadas las deliberaciones finales. Pese a que el caso era complejo y ninguno de los jurados era versado en temas de inteligencia, pronunciaron su voz de condena después de 96 horas de deliberaciones. René González es otro ejemplo del proceso irregular. Durante su misión auxilió a la FBI para desarticular a una banda de narcotraficantes, uno de ellos, ya en prisión, del Partido Unido Nacional Democrático, que bajo la fachada de luchar contra Castro trafica drogas. Según su defensor, Roberto González, “si los federales se le acercan a mi hermano para pedirle información de esos grupos es porque saben que hay algo ahí. ¡y no hacen nada!”. González comenta que a los agentes se les negó el beneficio del mal menor, pilar del derecho estadounidense y que postula el beneficio de la ley si se afecta algo para salvar un bien superior. “Ningún juez en Estados Unidos ignora este criterio. Si un estadounidense se infiltra en Al Qaeda sin registrarse ante nadie e informa a la FBI que un grupo terrorista va a actuar contra Estados Unidos en breve, no me imagino que a ese hombre lo encuentren culpable, sino que lo premien. Al negarles ese beneficio e imponerles las mayores penas que tuvo a la mano, la jueza Lenard se manifestó políticamente”, señala el abogado. Se comprobó también que las autoridades estadounidenses admiten que algunas de las organizaciones anticastristas realizan actos terroristas y aun así son protegidas. Una sanción adicional dictada contra los agentes René González y Antonio Guerrero les prohíbe “asociarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia”. Otra ironía del caso es que el origen de la investigación de la FBI fue una reunión de cooperación entre autoridades de los dos gobiernos. Luego de la sentencia los agentes fueron trasladados a cinco prisiones diseminadas por todo el país —Pennsylvania, California, Texas, Wisconsin y Colorado—, lo que dificulta a su defensa visitarlos más de una vez. En un intento por revertir las sentencias consideradas injustas, el pasado 12 de noviembre Leonard Weinglass, defensor de Antonio Guerrero, presentó una moción para reabrir el proceso en Atlanta. Paul McKenna, abogado de Gerardo González, se sumó a la moción, con base en la obtención de nuevas evidencias. Otro elemento a su favor es una reciente resolución de la corte de Miami que permitió —en el caso de un indocumentado mexicano que acusó de discriminación racial al Departamento de Justicia estadounidense— que el juicio se lleve a cabo en otro tribunal. ¿Quiénes son? Los cinco cubanos, dos nacidos en Estados Unidos —Tony Guerrero, en Miami, y René González, en Chicago— residían en Miami con identidades falsas y recibían y trasmitían información en clave. Gerardo Hernández Nordelo nació en La Habana en 1965. Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (1989), es veterano de Angola y caricaturista. Enfrenta dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión por conspiración, conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer espionaje y como agente de Estado extranjero sin notificarse e identidad falsa. Fernando González Llort nació en La Habana en 1963. Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, graduado con Diploma de Oro (1987). Sentenciado sin pruebas a 19 años de prisión por conspiración y como agente de Estado extranjero sin notificarse e identidad falsa. Ramón Labañino Salazar nació en 1963 en La Habana., en 1986. Licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, con Diploma de Oro (1986), tiene tres hijas de 14, 9 y 5 años. Sentenciado sin pruebas a cadena perpetua más 18 años de reclusión por conspiración, conspiración para cometer espionaje e identidad falsa. René González Sehwerert nació en Chicago, Estados Unidos, en 1956. Es piloto e instructor de vuelo. Tiene dos hijas, su esposa Olga Salanueva fue detenida el 16 de agosto del 2000, separada de su hija de dos años, amenazada con perder su custodia y deportada a Cuba cuatro meses después tras revocársele la visa. González Sehwerert fue sentenciado sin pruebas a 15 años de prisión por conspiración y por no registrarse como agente de Estado extranjero. Antonio Guerrero Rodríguez nació en 1958 en Miami, Estados Unidos. Ingeniero en Construcción de Aeródromos en la Universidad Técnica de Kiev, de la antigua Unión Soviética, también es poeta y padre de dos hijos. Sentenciado sin pruebas a cadena perpetua más 10 años de prisión por conspiración, conspiración para cometer espionaje y como agente de Estado extranjero sin notificarse. La operación en territorio estadounidense de grupos de clara vocación terrorista que originan respuestas como la de la Red Avispa, cuyos agentes intentan evitar ataques en su propio país, y la omisión de este caso o de sus antecedentes por parte de la gran prensa alertan a la comunidad internacional contra esta otra modalidad del terror. Terror de Estado De acuerdo con la versión isleña, el terrorismo ha sido instrumento constante de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos 40 años. En ese tiempo casi 3 mil 500 cubanos han muerto por causa de ataques que mutilaron a 2 mil 100 más. Hay que mencionar aquí que grupos asentados en Estados Unidos destruyeron en pleno vuelo un avión y a todos sus pasajeros el 6 de octubre de 1976. Hubo agresión biológica: pulgas, garrapatas, mosquitos, sarna, lepra, el dengue hemorrágico —inexistente en Cuba— alcanzó la cifra sin precedente en el mundo de 344 mil 203 personas afectadas. Un solo día , el 6 de julio de 1981, se reportaron 11 mil 400 nuevos enfermos. Es larga la historia de aviones que parten de La Florida hacia Cuba para colocar bombas, invadir, asesinar, subvertir, enviar armas, sabotear industrias o el agro. Los atentados contra Fidel Castro y figuras del gobierno son públicos y se remontan al sabotaje del buque francés La Coubre el 4 de marzo de 1960. Entre los años 1990 y 2000 se produjeron 108 acciones terroristas contra Cuba, tanto dentro de su territorio como en sus sedes diplomáticas en el exterior. Simultáneamente, las distintas administraciones estadounidenses han impulsado la estrategia de la emigración ilegal cubana hacia su territorio, contraria a la que exige a ciudadanos de otros países. Como resultado de esas actividades terroristas contra Cuba a lo largo de cuatro décadas el pueblo de la isla presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos, de la cual aún no hay respuesta. Fondos oscuros En sólo seis años el gobierno estadounidense aportó más de 15 millones de dólares a grupos opositores a Castro. Documentos oficiales revelan que la mayoría de esos fondos se destinaron a grupos cubano-americanos y no a organizaciones civiles en Cuba. Además del bloqueo, otro instrumento de la política estadounidense hacia Cuba son los programas destinados a apoyar a grupos de la sociedad civil opositores en la isla. La administración Bush solicitó 5 millones de dólares este año y seis más para el 2003 para dar “asistencia directa al pueblo cubano mediante organizaciones no gubernamentales”. La efectividad de tales iniciativas es puesta en duda por la firma de contabilidad Price Waterhouse Coopers, que concluyó en un informe: “El propósito del programa está sujeto a percepciones divergentes. Algunos argumentan que debería promover un cambio gradual y pacífico en Cuba, otros sostienen que debería seguir una estrategia intensiva de relaciones públicas y actividades en el extranjero y en Cuba para obligar a que el gobierno isleño cambie sus políticas represivas”. El análisis de Price Waterhouse, solicitado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), documentó que gran parte de estos fondos quedó en Estados Unidos y benefició a grupos con sede en Miami que desarrollaban vagos esfuerzos para apoyar a activistas anticastristas. Tales sumas se distribuyen vía la USAID o el Fondo Nacional para la Democracia (NED), cuyo principal financiamiento proviene del gobierno. El donativo más grande se otorgó al Centro por una Cuba Libre (Center for a Free Cuba), que dirige Frank Calzon, promotor del embargo y crítico del sector agrario estadounidense, que pugna por suavizar el embargo. Este hombre, operador político bien conectado en Washington, recibió 2.7 millones de dólares para distribuir en Cuba copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la novela Rebelión en la granja, de George Orwell. El propósito principal del programa general de asistencia estadounidense a los cubanos, según funcionarios de la Casa Blanca, no es distribuir libros en Cuba. La USAID afirma que su mira es “ayudar a construir la solidaridad con los activistas de derechos humanos de Cuba, dar voz a los periodistas independientes de la isla, apoyar en su desarrollo a ONG´s independientes, defender los derechos de los trabajadores, ofrecer contacto directo con el pueblo y apuntalar la formulación de planes asistenciales para un gobierno de transición futuro”. El rubro más amplio del nuevo enfoque de ese programa es la “planificación para la transición política”, con sede en la Universidad de Miami. Aunque no es explícita, la planificación se plantea después de que Castro muera. De hecho, ya se han otorgado más de 100 mil dólares a la fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) para desarrollar un manual de 166 páginas con instrucciones para realizar elecciones libres en la isla.

Cuba ante la amenaza del imperio

Cuba ante la amenaza de EU Estados Unidos como superpotencia mundial ha recrudecido a niveles sin precedentes las medidas del bloqueo contra Cuba; persiste en su ocupación ilegal de Irak, y viola masivamente los derechos humanos de los presos en Guantánamo, al negarles un juicio justo, de defensa y de libertad Nydia Egremy Mientras eso ocurre en el mundo, en la ‘neutral’ ciudad suiza de Ginebra se discute la política cubana de los Derechos Humanos, con Estados Unidos manipulando el voto y ejerciendo una presión real para que México vote a favor de la sanción contra Cuba. Una vez más, como hace ya varios años, la Casa Blanca y el Capitolio pretenden –desde la más recalcitrante doctrina de ultraderecha- imponer al mundo su visión unilateral de los derechos universales contra un régimen que no les es afín: el de la revolución cubana que sustituyó desde 1959 al gobierno dictatorial que protegía Estados Unidos. En abril, la Organización de Naciones Unidas, que no fue consultada por Estados Unidos para la ocupación militar de Irak, es el instrumento de una política destinada a socavar la confianza de los ciudadanos cubanos en su gobierno, y con ello se pretende violar el principio de autodeterminación para juzgar la política de una nación soberana. Es en este contexto en el que la política exterior mexicana trabajó en dos niveles: por un lado, cooperando con La Habana para fortalecer las relaciones bilaterales y regionales con América Latina después de un alejamiento vergonzoso por cuatro años y, en otro, intentando librarse de la política de chantaje que le ha impuesto Estados Unidos para que se convierta en un instrumento más en su dinámica agresiva contra Cuba. Los entretelones de esa relación de tres ejes Cuba-Estados Unidos-México se van conociendo a través de investigaciones periodísticas que arrojan luz sobre el sentido de la actuación mexicana en la nada neutral Ginebra que, ansiosa, espera poder sancionar a la isla. La Habana, Cuba. Mientras la genética de la injerencia externa pretende perpetuarse en un ritual de intervencionismo a nombre de los derechos humanos, el futuro de las relaciones entre La Habana y México está en el limbo. “Cuba considera que el gobierno de México no tiene una sola razón para votar a favor de un proyecto de resolución sobre los derechos humanos en Cuba, que es fabricado por los Estados Unidos, que logre imponer sobre brutales presiones y que es usado como pretexto para justificar su política de agresión contra nuestro país, a la cual se opone el pueblo de México de manera abrumadora”. Quien habla así a Contralínea es el canciller cubano Felipe Pérez Roque, antes de la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, mientras Cuba anticipaba una resolución más en su contra en la Comisión de Derechos Humanos en la ONU y Melba Pría seguía sin ser confirmada como embajadora de México en la isla. En general, se percibía que la opción de Tlaltelolco en Suiza sería similar a la del 2004: ambigua y contraria a la ya centenaria relación bilateral. El único que no conjeturó fue el jefe de la diplomacia cubana: adelantó que si el gobierno mexicano optaba por condenar a Cuba, “el pueblo cubano no lo podría comprender”. “La votación sobre una eventual resolución sobre Cuba no ha sido presentada ni anunciada, pero si fuera presentada, como creemos que ocurrirá -porque EU necesita esa resolución como un pez necesita el agua, si no lo puede justificar- entonces debe producirse entre el 12 y el 15 de abril. “Esperamos que para ese momento haya un embajador de México en La Habana y estamos esperando el nombramiento, la llegada a nuestro país, de un nuevo embajador de México. “Allá –en México- trabaja con toda normalidad la embajada de Cuba, al frente de la cual está el embajador Jorge Bolaños, que ostenta además el rango de Primer Viceministro. Primero, en nuestra cancillería fue en su momento una muestra de nuestra relación, de nuestro respeto, nuestro cariño por el pueblo de México. Esperamos que para ese momento haya embajador de México en nuestro país. “Por otro lado, Cuba considera que el gobierno de México no tiene una sola razón para votar a favor de un proyecto de resolución sobre los derechos humanos en Cuba, que es fabricado por los Estados Unidos, que logre imponer sobre brutales presiones y que sirve sólo como pretexto para justificar su política de agresión contra nuestro país, a la cual se opone el pueblo de México, de manera abrumadora, y el bloqueo contra Cuba, que el gobierno e México rechaza en Naciones Unidas. “Lo coherente -y es lo que México hizo históricamente- fue no prestarse a votar a favor de un texto que intenta justificar precisamente una política que el mundo entero rechaza. Lógicamente una posición de México favorable de ese proyecto, lo apartaría de lo que es hoy una posición mayoritaria en América Latina, sobre todo cuando el mapa político en nuestra región ha estado cambiando y sería un acto que el pueblo de Cuba no podría entender. “El pueblo cubano y el gobierno cubano no podrían comprender que el gobierno de México mantenga un patrón de votación favorable a un texto que tiene esos propósitos contra Cuba. “Sin embargo vemos que existe en América Latina la posibilidad, este año, de que a partir de una iniciativa del gobierno de México, en la que Cuba ha participado con toda honradez y toda disposición, para elaborar una iniciativa latinoamericana de cooperación en el tema que haría, por supuesto, imposible que un gobierno latinoamericano participe en ella, mientras en Ginebra vota contra un país latinoamericano. “Es un mecanismo de cooperación e intercambio en que todos trabajamos -no de persecución- que haría que los países se alejen de un espacio el cual, todos reconocen que está politizado y que se debe sólo a la absurda y permanente persecución del gobierno de Estados Unidos contra Cuba”, concluyó el diplomático. Mientras tanto, Melba Pría aún no asume como embajadora de México y este retraso permitiría al gobierno del presidente Fox evadir el costo de su responsabilidad política, en caso de que patrocinara la propuesta estadounidense. En lo que ya es una tradición de la ‘nueva política exterior’, la encargada de negocios de la casona de Miramar, que aloja la representación mexicana en Cuba, insistía en negar cualquier información a este medio, “hasta que se lo autorizara la cancillería”. Si el voto mexicano ante la 61 sesión de la CDH confirma tácita o implícitamente la propuesta estadounidense para aprobar la designación de un relator de Derechos Humanos para Cuba, significaría signar de facto el acta de defunción de la diplomacia mexicana y de los principios constitucionales de política exterior, que tan pesados parecen a Tlaltelolco. A unos días de su viaje hacia Europa, Pérez Roque precisó la posición de su gobierno sobre el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado del presidente Bush: “La práctica unilateral de EU, al publicar un informe en el que juzga al resto del mundo pero no dedica siquiera una oración a examinar la situación de los derechos humanos en EU y las violaciones que se cometen dentro y fuera, no merece respeto y ha provocado el rechazo, al que Cuba se suma”. Dijo que así el gobierno estadunidense pretende convertir la CDH en un foro o tribunal de los países más desarrollados para juzgar y condenar a las naciones del tercer mundo; nuestro país, sin embargo, participará en un clima de cooperación en materia de defensa de derechos humanos en la Comisión, agregó. “En segundo lugar, el gobierno de Cuba considera que Estados Unidos no tiene autoridad moral para condenar a ningún otro país por violación a los Derechos Humanos, especialmente después de los crímenes vergonzosos y el patrón de violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de derechos humanos que se estaban cometiendo con absoluta impunidad y en absoluto secretismo, hasta que fueron dadas a la publicidad por fuentes independientes en la base naval de Guantánamo y en las cárceles de Irak, especialmente la de Abu Ghraib.” Enfatizó el canciller que la posición estadounidense carece de credibilidad y sobre el informe del Departamento de Estado expresó: “nos referimos a él, porque miente descaradamente sobre nuestro país y al constituir una práctica unilateral, nos vemos en la necesidad de fijar nuestra posición. Pero no lo tomamos, por supuesto, como referencia para nuestro trabajo permanente y compromiso de defensa de todos los derechos humanos. “Rechazamos categóricamente las acusaciones contenidas en el Departamento de Estado; los emplazamos a presentar una sola prueba de sus acusaciones, aunque tomamos nota del hecho de que reconocen que el año pasado, como en el resto de los años de la Revolución, no han podido –pese a que han escarbado en todo lo que han podido- encontrar un solo caso de ejecución extrajudicial, desaparecidos, asesinato de una persona en custodia de autoridad policial, lo cual resulta sintomático. “La pregunta es: si eso incluso el Departamento de Estado lo reconoce en Cuba, ¿por qué entonces es la situación en el resto de la isla la que se discute en Ginebra y no la del lugar de la isla en la que si se violan y -está reconocido- flagrantemente los derechos humanos, que es la base naval de Guantánamo? “Y rechazamos categóricamente y exhortamos a las autoridades estadunidenses –como todo el mundo- a ocuparse de sus propios problemas y dejar al resto del mundo vivir en paz”. Según el canciller, la superpotencia realiza gestiones secretas para que el patrocinador de una condena a Cuba en la CDH sea un país de Europa del Este. La génesis del ejercicio anticubano de los Estados Unidos en la Comisión e Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el llamado Documento Santa Fe - plataforma electoral y política de Ronald Reagan -, que se reedita en cada una de las sesiones de esa comisión en Ginebra, Suiza, contra un régimen y no contra los derechos humanos de un país, en lo que constituye ya un ocioso ritual Se busca patrocinador El subsecretario de Asuntos Multilaterales del Ministerio del Exterior, José Antonio Fernández, bosquejó el contexto de este nuevo voto que busca enviar a Cuba a un vigilante de los Derechos Humanos y cuya mirada se centre en un régimen, no contra violaciones, pues éstas ocurren en otra latitud de la misma isla. “Buscan que la propuesta sea patrocinada por otros países. Ahora han optado por articular la latinoamericanización del voto contra Cuba y así empiezan a reclutar en estos últimos años –2002, 2003, 2004- para que algunos países de la región en esa época se prestaran a esta acción contra Cuba “Hay que decir –explica irónico- que nunca nadie resistió más de un round en este ejercicio. Es decir, año tras año el proyecto de resolución iba pasando, cual papa caliente, a un nuevo patrocinador que aparecía a última hora.” El texto que se somete al patrocinador del proyecto es siempre en inglés –pues se elabora en el Departamento de Estado- y se le entrega a último minuto. Fue en 2004 cuando la factura estadounidense fue más evidente: “sin pudor alguno” se hizo circular el texto de la resolución en una reunión del Departamento de Estado, a la que se citó a un grupo de embajadores y se dio a uno de los países que estaban ahí convocados para que la presentara. “Fue la parte más grotesca de este ejercicio”, comenta el diplomático. También en Ginebra, los diplomáticos estadunidenses se dieron a la tarea de buscar copatrocinadores, de sumar votos al proyecto de resolución. Pese a su empeño, la resolución contra Cuba tuvo una diferencia mínima como ha sido la tendencia -22 votos a favor y 21 en contra –, a pesar de la enorme presión que se ejerció. La diferencia de cifras es mínima –de uno a tres votos-, “lo que demuestra el claro entendimiento de los países del tercer mundo, los que han votado de manera permanente junto a Cuba, de que esta votación no tenía nada que ver con los derechos humanos”, enfatiza el subsecretario Fernández.