El terrorista Posada Carriles

Luis Posada Carriles tiene 79 años y siempre fue terrorista. Así lo valoran Marifeli Pérez Stable, especialista de origen cubano radicada en Miami, la diplomacia venezolana en México y reporteros del diario Por Esto! que descubrieron su paso por nuestro país en su viaje hacia Estados Unidos. Ahora, sólo espera su credencial como terrorista para salvar su vida. A dos años del furtivo paso del delincuente multinacional por tierras mexicanas, persiste la incógnita sobre la omisa actitud de autoridades migratorias que permitieron la fuga del “agente Bambi” de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a pesar de haber una solicitud de detención giradas por la agencia policial Interpol. José Luis Méndez, investigador cubano sobre terrorismo y autor del libro Salvar al mundo del terrorismo (Editora Política, 2003), dice que México es el tercer país, después de Cuba y Estados Unidos, más afectado por el terrorismo anticubano durante más de 40 años. Así lo avalan documentos desclasificados por la CIA y el FBI, accesibles en la Universidad George Washington. Esos expedientes dan cuenta de la presencia de Posada Carriles en la ciudad de México en 1963, con falsa identidad y empleado de la CIA para la Operación 40, integrada por sicarios con el fin expreso de "matar comunistas", así como para dinamitar barcos cubanos en Veracruz. A pesar de que los miembros del comando fueron apresados por ese atentado en suelo mexicano, Posada evadió la cárcel y entró y salió de México impunemente. Casi cuatro décadas después el clima geopolítico parecía haber blindado el tránsito y operación de cualquier terrorista en el hemisferio occidental. Al menos así lo plantearon los jefes de Estado en México, Estados Unidos y Canadá, en la iniciativa que firmaron apenas ocho días después, el 23 de marzo de 2005, en Waco, Texas, conocida como Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Sin embargo, Posada Carriles, prófugo de la prisión en Venezuela, liberado por Mireya Moscoso del intento de asesinato a Fidel Castro en la Cumbre Panamericana celebrada en Panamá, volvió a territorio mexicano desde donde saltó a su refugio habitual: Estados Unidos. Mientras la superpotencia consolidaba un muro protector para aislarse del “terrorismo global”, en aguas territoriales mexicanas, el 15 marzo del 2005, encallaba el buque estadounidense Santrina frente a El Farito, en Isla Mujeres, al que luego abordó el terrorista más buscado en Venezuela y Cuba. Al respecto, Gustavo Iruegas, ex subsecretario para América Latina y el Caribe, comentó en su columna titulada “Nuestro Animal maldito” (La Jornada, 3.VI.2005): “No se agregó ninguna información acerca de los motivos por los que el camaronero se desvió de su corta travesía de Bahamas a Miami hasta Isla Mujeres, aun con la corriente del Golfo en contra”. La explicación real provino del diario Por Esto! al documentar que la causa del cambio de rumbo fue para recoger a Posada Carriles y trasladarlo a Estados Unidos. Tras ventilarse el caso del Santrina, la explicación oficial provino del entonces secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot, quien afirmó que Posada llegó a suelo estadounidense a bordo del buque y que antes estuvo en Isla Mujeres. Peyrot, siempre atento a combatir terroristas, no explicó cómo un hombre que cometió actos violentos en nuestro país y cuya extradición era requerida por la Interpol, pasó sin problemas el puerto fronterizo de Subteniente López y siguió su ruta a Miami en un buque extranjero que explicó su ingreso en aguas mexicanas bajo la cobertura de un viaje ecológico estudiantil. Y aunque la presencia de Posada Carriles sí era un riesgo para la seguridad nacional, ninguna autoridad federal intervino. De acuerdo con los periodistas Yolanda Gutiérrez y Renán Castro, de Por Esto!, el camaronero Santrina, conducido por José Pujol –denunciado por Fidel Castro, como un viejo agente de la CIA- siguió la misma ruta que utilizan en esa región el tráfico ilegal de emigrantes cubanos y de estupefacientes. Esa vía ha sido explorada intensamente por miembros de las organizaciones radicales anticubanas de Miami, Florida. Certificado de terrorista Luis Posada Carriles Méndez, fue enjuiciado en Estados Unidos por haber mentido al ingresar al país al declarar sobre su nacionalidad. Además, el gobierno de Venezuela, solicitó su extradición para que rinda cuentas sobre la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976, que causó 73 víctimas mortales. Para que ello ocurra, sólo debe ser certificado como terrorista por la justicia estadounidense. De acuerdo con la normatividad antiterrorista vigente en la superpotencia, tras el 11-S del 2001, el caso de este “miliciano” o “sicario”, debe ser certificado como un terrorista. De ser así, se le aplicaría la sección 421 de la Ley Patriota, que permite al Servicio Nacional de Inmigración y Naturalización retener a cualquier extranjero sospechoso de terrorismo. Por otra parte, la Sección 802 de esa misma Acta, amplía la definición del crimen federal de terrorismo, al incluir el “terrorismo doméstico” como acto peligroso para la vida humana, en tanto violación de las leyes criminales, si ese acto tiene lugar primeramente en los Estados Unidos. De aplicarse la ley, el expediente criminal del ex “agente Bambi”, podría observar el periplo de delitos que ha cometido en el continente y no sin olvidar los daños y perjuicios que provocó en nuestro país. Aunque en este caso el sistema judicial estadounidense parecía entrampado con un nuevo desafío: liberar o mantener bajo custodia a un confeso criminal multinacional, el 26 de abril la situación dio un giro al enviar a Posada Carriles a casa. Ahí se refrendó el compromiso asumido por las distintas administraciones –republicanas o demócratas- con el personaje y quedó de lado la petición de Venezuela. La extradición pudo resolverse el mismo año de la detención de Posada Carriles. En el 2005, en El Paso, Texas, el juez de inmigración William Lee Abbott, parecía dispuesto a ordenar su extradición a Venezuela y la fiscal, Gina Jackson, argumentó que la nación sudamericana no constituía un "peligro" para el delincuente internacional. La balanza se inclinó a favor del ex empleado de la CIA, desde que la jueza Kathleen Cardone, dejó de lado su historial delictivo y señaló: “Mientras tuvo un pasado controvertido y se escapó de una prisión extranjera hace décadas, es ahora más viejo y más delicado de salud que lo era cuando los eventos alegados ocurrieron. Este viejo e inválido, tiene fuertes lazos con la comunidad”, por lo que redujo la fianza que pidió el fiscal. Adicionalmente, para la jueza, los crímenes de Posada Carriles se sintetizaron en una frase: no son relevantes para este caso, pues “ocurrieron supuestamente hace años en países extranjeros”. Aún así, el resumen judicial detalla que la vida entera de Posada Carriles está ligada con "algunos de los eventos más infames del siglo XX en la vida política de América Central"; precisa que fue "oficial de la US Army" y que estuvo "vinculado" a la CIA. Para la magistrada, el juicio contra Posada se trata de que él “sólo” usó su propio nombre y los de Ramón Medina y Franco Rodríguez para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Si bien, el instalador de bombas usó un falso pasaporte guatemalteco con su foto y el nombre de Manuel Enrique Castillo López. En virtud de que la Fiscalía no presentó las pruebas que solicitó el juez de distrito Philip R. Martínez, en febrero pasado, para constatar que Posada constituye "un riesgo terrorista" (terrorist risk) y así detenerlo, Cardone valoró que la "naturaleza y las circunstancias" de los delitos que le acusa ahora, "pesan en su favor". Así, el juez dictaminó: "No se encuentra acusado, en esta o en cualquier otra causa, de un crimen de violencia o de otros crímenes que implican la inmediata seguridad de la comunidad". La magistrada fue más allá al afirmar: "la Corte estima que la historia y las características de (Posada) pesan en su favor". Cardone retomó el argumento de que ningún país quiere aceptar al criminal y razonó con este argumento: "Si (Posadas) iba a huir a otro país, no tendría acceso a los mismos derechos, los beneficios y el apoyo que recibe en este país”. Y es en EU donde la prensa y medios jurídicos especializados sospechan que el procurador general, Alberto Gonzáles, despidió a varios fiscales por negarse a respetar sus orientaciones, y se aceptó la decisión de salvar a Posada de un juicio por terrorismo. Así lo indicaron los fiscales de la Sección Antiterrorista del departamento de Justicia, al perder el litigio de la fianza de Posada Carriles en El Paso. Se trata de John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, con oficinas en Washington, Calle 10 y Avenida de la Constitución. Ahern declaró a la Agencia France Press, que Estados Unidos no tiene jurisdicción para juzgar al acusado por el ataque al avión cubano en 1976. Con ello se omitiría de facto el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, suscrito en 1971, en Montreal, y el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, vigente desde 2001, citados en relación con ese caso. Burlar fronteras Marifeli Pérez Stable, cubana nacionalizada estadounidense, catedrática de la Universidad de Miami, columnista del Miami Herald y muy influyente en los círculos hispanos de la Casa Blanca, dio a Contralínea su opinión sobre el actual proceso contra Luis Posada. "En esta ocasión, Posada fue arrestado por entrar ilegalmente a Estados Unidos, y si bien estos cargos no incluyen su quehacer violento contra el gobierno cubano, es difícil obviarlo. Desde el punto de vista de Estados Unidos, un individuo que ha propiciado el terrorismo burló sus fronteras”. Para la promotora del diálogo cubano-americano, tras los atentados del 11-S, ninguna administración estadounidense podía haber pasado por el traspaso de su frontera. “Es por ello que el gobierno federal apeló la decisión del tribunal que pretende trasladar a Posada de la cárcel a su casa en Miami, donde sus movimientos serían constantemente verificados mediante un brazalete electrónico”, sostiene Pérez Stable. Con respecto al argumento de la avanzada edad y el estado de salud de Posada Carriles, que esgrimió la juez federal Kathleen Cardone: “No podemos olvidar las víctimas de los atentados que se le achacan, desde la voladura de una nave de Cubana de Aviación en 1976 hasta los bombazos en varios hoteles de La Habana a mediados de los 90”, enfatizó Marifeli Pérez. Por su parte, Gustavo Iruegas, canciller del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que existe un doble rasero del mundo desarrollado con respecto al terrorismo. “El de los poderosos hacia nosotros, como las recomendaciones en materia económica que nos hacen y ellos no las aplican: además, se nos exige, califica y descalifica a nuestros gobiernos por su desempeño en la observación de los Derechos Humanos y en el mundo desarrollado y en EU su propio desempeño deja mucho que desear”. En el caso de Posadas Carriles, “un criminal especialmente repugnante, demuestra claramente que en Estados Unidos es terrorista cualquiera que disienta de ellos o a quien consideran enemigo; mientras sus propios terroristas gozan de privilegios, se hacen de la vista gorda o como en este caso, con gran descaro omiten enjuiciar a un criminal que ha aceptado sus propios crímenes. “Esto es una afrenta no sólo al pueblo cubano y al gobierno venezolano que lo reclama, sino a todo el mundo que estamos sometidos a esta rigurosa vigilancia contra el terrorismo por los países poderosos y al mismo tiempo, somos testigos de cómo se solapan los crímenes cometidos por este personaje tenebroso”. Con respecto a la actuación de las autoridades mexicanas, que dos años antes y después, no explicaron su omisión, Iruegas sentencia: “Todos podemos estar seguros y convencidos de que el gobierno de México fue cómplice en la fuga y protección de este individuo a su viaje a Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela reivindicó su derecho a expatriar al Posada Carriles al considerar que su liberación por el gobierno de norteamericano, “sumaría un elemento más al historial de protección y promoción de acciones terroristas del gobierno del presidente Bush”, justo en el marco del quinto aniversario del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Además, el documento con 11 tesis que emitió el gobierno venezolano, sostiene que ”tanto la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976, como el golpe de Estado de 2002 en Venezuela, fueron dirigidos con la complicidad de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos”, además de que “con la ayuda de Washington, el terrorista logró escapar de una cárcel venezolana en 1985 para dirigir una campaña de terror contra Nicaragua, en la operación Irán-Contra”. Luís Posada Carriles lleva 22 años prófugo de la justicia de Venezuela y al ingresar ilegalmente en Estados Unidos en marzo del 2005, la solicitud de extradición de Caracas no ha obtenido respuesta y las redes de tráfico ilegal de cubanos hacia Estados Unidos por México, permanecen intocadas.