martes, 9 de octubre de 2007

Cuba red Avispa

Cuba Red avispa Para la Habana son héroes de la Revolución; para la justicia estadounidense, espías. Su misión antiterrorista en Miami salvó la vida de miles de personas al informar con anticipación de sabotajes y asesinatos contra la población y figuras de la política cubana Nydia Egremy La agresión del anticastrismo radicado en Estados Unidos contra Cuba originó una contraofensiva de inteligencia del régimen de la isla que tuvo su más reciente fruto en la sentencia de una corte de Miami contra cinco agentes del Estado cubano tras un juicio irregular y el silencio de la gran prensa. El 12 de septiembre de 1998 el Departamento de Justicia asestó el mayor golpe a la inteligencia cubana infiltrada en Estados Unidos al acusar a 14 miembros de la Red Avispa de “conspirar para recopilar y entregar información de defensa a un gobierno extranjero y por no haberse registrado como agentes en Estados Unidos”. Sin embargo, la Oficina Federal de Investigación (FBI) conocía el trabajo que ellos realizaban desde 1995 y se benefició de la información que le brindaron luego de su infiltración en los grupos anticastristas de La Florida. Fernando González, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino tenían la misión de actuar como un sistema de alerta temprana para monitorear y vigilar a las organizaciones anticastristas, introduciéndose incluso a la organización Hermanos al Rescate (HAR). A raíz de su arresto, los agentes fueron confinados en celdas de castigo sin acceso a defensores y familiares y sólo salieron para enfrentar su juicio, pues confiaron en el sistema judicial estadounidense, que finalmente los condenó, sin pruebas, a algunos a cadena perpetua, y a otros a prisión de entre tres y siete años. Roberto González, abogado defensor y hermano de René, uno de los agentes sentenciados, declaró durante su reciente visita a México: “no espiaron, hicieron labor de infiltración, de monitoreo. El espionaje tiene una connotación de seguridad nacional en Estados Unidos”. Explica que la información que adquirieron los agentes “se consigue a través de Internet o en los periódicos. Nunca se espió para violar la seguridad nacional. Espiar es buscar información protegida por el gobierno y obtenerla por fuentes no publicables”. Admite que sí hay una infracción de la ley estadounidense por no registrarse ante el Departamento de Justicia como agente de un país extranjero. El delito no es ser agente, sino no registrarse, pero en todo caso lo que procedía era la expulsión diplomática, no una pena judicial. Hoy se sabe que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) posee copias de las trasmisiones interceptadas de alta frecuencia dirigidas a La Habana y que demostrarían que la información enviada a Cuba buscaba prevenir las acciones del exilio. La defensa de los agentes solicitó a la Corte Federal de Miami que se revele esa información. De no hacerlo, se apelará a la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Juicio justo? Algunos juristas e intelectuales perciben el proceso como un montaje, con sentencia dictada de antemano contra un Estado, no contra los acusados. William Blum, autor de Estado Villano: Guía para la única superpotencia del mundo”, citado por The Washington Post (27 de febrero de 1996), destaca que la Asociación de Abogados de la Defensa de Florida otorgó a la defensoría de los agentes el premio Contra todas las Probabilidades Según Blum, defender “a los cubanos que están a favor de Castro en Miami en un caso criminal plagado de alusiones políticas y con el gobierno estadounidense plenamente decidido a joder a un puñado de rojillos es como llevar a cabo una guerra terrestre contra Rusia en temporada de invierno”. Y es que el proceso contra los cinco agentes violentó varias normas jurídicas, entre ellas la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que todo acusado tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Además, la juez Joan A. Lenard rechazó la moción para cambiar la sede del juicio, dada la hostilidad generada por una campaña contra los acusados causada por ella misma con la entrega a grupos anticastristas de mil 400 páginas del proceso. Su declaración al The New Herald de que: “este juicio será más interesante que cualquier programa de televisión” caldeó el ambiente. Otro agravante fue que la fiscalía sostuvo reuniones públicas y visitas con los grupos ultraderechistas de Miami desde el arresto de los agentes y ninguno de los exiliados que declararon en el juicio sobre actos terroristas o los grupos a los que éstos pertenecen fueron procesados. En junio del 2001 los cinco agente fueron declarados culpables y en diciembre recibieron sentencia. Durante seis meses se les intentó incriminar sin pruebas. Según el sumario del juicio, la fiscalía argumentó que buscaron “atacar nuestro sistema de seguridad nacional y nuestro proceso democrático”. Sin embargo, como demostraron la defensa y los testigos de la propia fiscalía, la seguridad nacional estadounidense nunca peligró por la misión de los agentes. Gerardo Hernández Nordelo fue acusado de transmitir el itinerario de los pilotos de las avionetas de HAR para que la Fuerza Aérea Cubana los interceptara. Fue el enlace entre la inteligencia cubana en la isla y agentes infiltrados en organizaciones anticastristas, recibió y transmitió mensajes advirtiendo al piloto René González —infiltrado en HAR— que no volara entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Por otra parte, hubo un intercambio de al menos 27 notas entre el gobierno cubano y el estadounidense en ese caso para evitar el sobrevuelo de la isla. Al cargo de “violación” de la seguridad nacional estadounidense” que se le imputó a Gerardo se respondió con el testimonio de militares del Comando Sur, como el general Charles Wilhelm, excomandante en jefe del mismo; Edward Atkeson, exvicejefe del Estado Mayor del Ejército para la Inteligencia; Eugene Carrol, exvicejefe de Operaciones Navales; George Bukner, del Comando del Sistema para la Defensa Aérea, y James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y experto de la fiscalía. El Pentágono apuntó: “No existen indicios de que hayan tenido acceso a información clasificada o a áreas sensibles”. Todos admitieron que los acusados no cometieron espionaje militar contra Estados Unidos, pero aun así se les declaró culpables de todos los cargos. Otras anomalías del proceso fueron: amenazas contra el jurado —filmar las placas de sus autos—, desconocimiento de las pruebas de la defensa, violación al derecho de los acusados a un juicio justo y que el veredicto se dio sólo cuatro días después de iniciadas las deliberaciones finales. Pese a que el caso era complejo y ninguno de los jurados era versado en temas de inteligencia, pronunciaron su voz de condena después de 96 horas de deliberaciones. René González es otro ejemplo del proceso irregular. Durante su misión auxilió a la FBI para desarticular a una banda de narcotraficantes, uno de ellos, ya en prisión, del Partido Unido Nacional Democrático, que bajo la fachada de luchar contra Castro trafica drogas. Según su defensor, Roberto González, “si los federales se le acercan a mi hermano para pedirle información de esos grupos es porque saben que hay algo ahí. ¡y no hacen nada!”. González comenta que a los agentes se les negó el beneficio del mal menor, pilar del derecho estadounidense y que postula el beneficio de la ley si se afecta algo para salvar un bien superior. “Ningún juez en Estados Unidos ignora este criterio. Si un estadounidense se infiltra en Al Qaeda sin registrarse ante nadie e informa a la FBI que un grupo terrorista va a actuar contra Estados Unidos en breve, no me imagino que a ese hombre lo encuentren culpable, sino que lo premien. Al negarles ese beneficio e imponerles las mayores penas que tuvo a la mano, la jueza Lenard se manifestó políticamente”, señala el abogado. Se comprobó también que las autoridades estadounidenses admiten que algunas de las organizaciones anticastristas realizan actos terroristas y aun así son protegidas. Una sanción adicional dictada contra los agentes René González y Antonio Guerrero les prohíbe “asociarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia”. Otra ironía del caso es que el origen de la investigación de la FBI fue una reunión de cooperación entre autoridades de los dos gobiernos. Luego de la sentencia los agentes fueron trasladados a cinco prisiones diseminadas por todo el país —Pennsylvania, California, Texas, Wisconsin y Colorado—, lo que dificulta a su defensa visitarlos más de una vez. En un intento por revertir las sentencias consideradas injustas, el pasado 12 de noviembre Leonard Weinglass, defensor de Antonio Guerrero, presentó una moción para reabrir el proceso en Atlanta. Paul McKenna, abogado de Gerardo González, se sumó a la moción, con base en la obtención de nuevas evidencias. Otro elemento a su favor es una reciente resolución de la corte de Miami que permitió —en el caso de un indocumentado mexicano que acusó de discriminación racial al Departamento de Justicia estadounidense— que el juicio se lleve a cabo en otro tribunal. ¿Quiénes son? Los cinco cubanos, dos nacidos en Estados Unidos —Tony Guerrero, en Miami, y René González, en Chicago— residían en Miami con identidades falsas y recibían y trasmitían información en clave. Gerardo Hernández Nordelo nació en La Habana en 1965. Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (1989), es veterano de Angola y caricaturista. Enfrenta dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión por conspiración, conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer espionaje y como agente de Estado extranjero sin notificarse e identidad falsa. Fernando González Llort nació en La Habana en 1963. Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, graduado con Diploma de Oro (1987). Sentenciado sin pruebas a 19 años de prisión por conspiración y como agente de Estado extranjero sin notificarse e identidad falsa. Ramón Labañino Salazar nació en 1963 en La Habana., en 1986. Licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, con Diploma de Oro (1986), tiene tres hijas de 14, 9 y 5 años. Sentenciado sin pruebas a cadena perpetua más 18 años de reclusión por conspiración, conspiración para cometer espionaje e identidad falsa. René González Sehwerert nació en Chicago, Estados Unidos, en 1956. Es piloto e instructor de vuelo. Tiene dos hijas, su esposa Olga Salanueva fue detenida el 16 de agosto del 2000, separada de su hija de dos años, amenazada con perder su custodia y deportada a Cuba cuatro meses después tras revocársele la visa. González Sehwerert fue sentenciado sin pruebas a 15 años de prisión por conspiración y por no registrarse como agente de Estado extranjero. Antonio Guerrero Rodríguez nació en 1958 en Miami, Estados Unidos. Ingeniero en Construcción de Aeródromos en la Universidad Técnica de Kiev, de la antigua Unión Soviética, también es poeta y padre de dos hijos. Sentenciado sin pruebas a cadena perpetua más 10 años de prisión por conspiración, conspiración para cometer espionaje y como agente de Estado extranjero sin notificarse. La operación en territorio estadounidense de grupos de clara vocación terrorista que originan respuestas como la de la Red Avispa, cuyos agentes intentan evitar ataques en su propio país, y la omisión de este caso o de sus antecedentes por parte de la gran prensa alertan a la comunidad internacional contra esta otra modalidad del terror. Terror de Estado De acuerdo con la versión isleña, el terrorismo ha sido instrumento constante de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos 40 años. En ese tiempo casi 3 mil 500 cubanos han muerto por causa de ataques que mutilaron a 2 mil 100 más. Hay que mencionar aquí que grupos asentados en Estados Unidos destruyeron en pleno vuelo un avión y a todos sus pasajeros el 6 de octubre de 1976. Hubo agresión biológica: pulgas, garrapatas, mosquitos, sarna, lepra, el dengue hemorrágico —inexistente en Cuba— alcanzó la cifra sin precedente en el mundo de 344 mil 203 personas afectadas. Un solo día , el 6 de julio de 1981, se reportaron 11 mil 400 nuevos enfermos. Es larga la historia de aviones que parten de La Florida hacia Cuba para colocar bombas, invadir, asesinar, subvertir, enviar armas, sabotear industrias o el agro. Los atentados contra Fidel Castro y figuras del gobierno son públicos y se remontan al sabotaje del buque francés La Coubre el 4 de marzo de 1960. Entre los años 1990 y 2000 se produjeron 108 acciones terroristas contra Cuba, tanto dentro de su territorio como en sus sedes diplomáticas en el exterior. Simultáneamente, las distintas administraciones estadounidenses han impulsado la estrategia de la emigración ilegal cubana hacia su territorio, contraria a la que exige a ciudadanos de otros países. Como resultado de esas actividades terroristas contra Cuba a lo largo de cuatro décadas el pueblo de la isla presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos, de la cual aún no hay respuesta. Fondos oscuros En sólo seis años el gobierno estadounidense aportó más de 15 millones de dólares a grupos opositores a Castro. Documentos oficiales revelan que la mayoría de esos fondos se destinaron a grupos cubano-americanos y no a organizaciones civiles en Cuba. Además del bloqueo, otro instrumento de la política estadounidense hacia Cuba son los programas destinados a apoyar a grupos de la sociedad civil opositores en la isla. La administración Bush solicitó 5 millones de dólares este año y seis más para el 2003 para dar “asistencia directa al pueblo cubano mediante organizaciones no gubernamentales”. La efectividad de tales iniciativas es puesta en duda por la firma de contabilidad Price Waterhouse Coopers, que concluyó en un informe: “El propósito del programa está sujeto a percepciones divergentes. Algunos argumentan que debería promover un cambio gradual y pacífico en Cuba, otros sostienen que debería seguir una estrategia intensiva de relaciones públicas y actividades en el extranjero y en Cuba para obligar a que el gobierno isleño cambie sus políticas represivas”. El análisis de Price Waterhouse, solicitado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), documentó que gran parte de estos fondos quedó en Estados Unidos y benefició a grupos con sede en Miami que desarrollaban vagos esfuerzos para apoyar a activistas anticastristas. Tales sumas se distribuyen vía la USAID o el Fondo Nacional para la Democracia (NED), cuyo principal financiamiento proviene del gobierno. El donativo más grande se otorgó al Centro por una Cuba Libre (Center for a Free Cuba), que dirige Frank Calzon, promotor del embargo y crítico del sector agrario estadounidense, que pugna por suavizar el embargo. Este hombre, operador político bien conectado en Washington, recibió 2.7 millones de dólares para distribuir en Cuba copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la novela Rebelión en la granja, de George Orwell. El propósito principal del programa general de asistencia estadounidense a los cubanos, según funcionarios de la Casa Blanca, no es distribuir libros en Cuba. La USAID afirma que su mira es “ayudar a construir la solidaridad con los activistas de derechos humanos de Cuba, dar voz a los periodistas independientes de la isla, apoyar en su desarrollo a ONG´s independientes, defender los derechos de los trabajadores, ofrecer contacto directo con el pueblo y apuntalar la formulación de planes asistenciales para un gobierno de transición futuro”. El rubro más amplio del nuevo enfoque de ese programa es la “planificación para la transición política”, con sede en la Universidad de Miami. Aunque no es explícita, la planificación se plantea después de que Castro muera. De hecho, ya se han otorgado más de 100 mil dólares a la fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) para desarrollar un manual de 166 páginas con instrucciones para realizar elecciones libres en la isla.

En marcha, entrega de agua y puertos a EU

En marcha, entrega de agua y puertos a EU Hidrovías mexicanas descargarán en campos e industrias estadunidenses como propone la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, avala esa transferencia de agua al considerar ese recurso como mercancía Nydia Egremy Los recursos hídricos mexicanos quedarán bajo control del gobierno y las empresas estadunidenses tan pronto concluya la construcción de dos corredores multimodales en las costas del Pacífico y del Golfo de México. Con esas obras, Estados Unidos lograrán dos de sus grandes objetivos geopolíticos: garantizar su seguridad acuífera y consolidar el nuevo espacio norteamericano, tal como prevé la Alianza Para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Altamira, en la costa del golfo de México y Topolobampo en el Pacífico, son los primeros avances de este plan hídrico-vial-portuario. Ese proyecto surgió en el marco de las negociaciones para ampliar el tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN Plus), con una visión estratégica de seguridad y mercado. Un corredor multimodal consiste en una franja de hasta un kilómetro de ancho, en cuyo centro va una red de supercarreteras que puede alojar vías de ferrocarril, acueductos o hidrovías. Al lado de esa gran obra, corre una red de energía de fibra óptica que permite la comunicación en tiempo real a todo el corredor. Esa idea nació de la expansión estadunidense en las colonias, cuando a la vera del ferrocarril surgieron poblados e industrias que crearon una franja productora. Siglos después, el TLCAN Plus, volvió a esa visión. Ahora se construyen dos corredores multimodales gigantescos – para cruzar América del Norte, desde Alaska hasta el centro y sur de México –. Ambas vías se integrarán con la infraestructura centroamericana que impulsa el Sistema de Integración Centroamericano y continuará hasta el Cono Sur. Para el economista Gian Carlo Delgado, “se trata de una serie de corredores multimodales que rayan todo el continente americano y en este diseño, el agua juega un papel fundamental”. La especialista en geopolítica regional Pilar Ostos, advierte que al observar el mapa de América se comprende que las multinacionales y los países poderosos estén interesados en el potencial de agua concentra en el norte y en el sur. Por ello el despliegue de Rusia al Ártico (a cuatro mil 261 metros de altura), “como una manifestación de su capacidad de instalarse en esa zona estratégica y rica en recursos, agua, gas y petróleo, dirigida a Canadá y Estados Unidos”, señala. El intercambio de agua que mantienen Canadá y Estados Unidos conlleva un flujo de tecnología, señala la académica que contrasta esa actitud con la que tienen las empresas de la superpotencia cuando se desplazan hacia los países del sur en busca del recurso. “Ahí, ellos sólo prestan la tecnología. Cuando George W. Bush visitó América Latina, buscó garantizar el abasto energético y de agua para su creciente población; en el futuro, tendremos en nuestros países la presencia latente de esas trasnacionales para explotar el agua”, pronostica Ostos. – Esa lógica es la que anima la construcción de los dos corredores –que irán paralelos a lo largo del país – y entre ellos, existirán varios mini corredores. El de la costa del golfo de México, será el mega corredor de América del Norte y llegará hasta el centro de territorio estadunidense; el otro, llamado Canamex circulará por la costa del Pacífico. Este proyecto se negoció entre Canadá, Estados Unidos y México en septiembre del 2006, en el marco del North American Forum, conocido como la agenda secreta de Banff, Canadá. El agua que transporten los supercorredores saciará la sed del corredor agroindustrial estadunidense. Esa región, próxima a los Grandes Lagos, se consolidó en la segunda guerra mundial porque ahí baja el agua de Canadá, país que posee el seis por ciento del agua mundial y el 20 por ciento del agua continental mundial. Al construirse los supercorredores de México, el agua no será sólo un medio de transporte –hidrovías –, sino materia prima para la producción. Como ejemplo, Barlow y Clarke, autores del libro Oro Azul, afirman que para producir un automóvil se requieren unos 400 mil litros de agua y para crear un chip, la industria microelectrónica requiere miles de litros de agua destilada. “No es casual entonces que la rama automotriz o las agroindustrias participen activamente en las negociaciones sobre el TLCAN-ASPAN”, señala Gian Carlo Delgado. Miguel Pickard, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), habla del trasfondo político de los supercorredores en México. Estima que las elites del sector privado de los tres países obtendrán ventajas adicionales en esta nueva “colectividad”, pero Estados Unidos, su gobierno e iniciativa privada, serán los más beneficiados. En su estudio El TLCAN plus, también llamado ASPAN (noviembre de 2005), considera que los tres países no serán socios iguales, como tampoco lo fueron Canadá y México en el TLCAN. “La seguridad para Estados Unidos va mas allá de la territorial o militar, e incluye el acceso a recursos naturales estratégicos. En primer lugar están el petróleo, el gas y el agua –agrega – es muy sugerente que el super corredor que ahora se propone desde el ASPAN pase precisamente en medio de Estados Unidos y haga de Atlanta uno de los ejes centrales de mercancías, por ejemplo todos los granos”, señala Pickard. Megapuertos y apartheid Además de promover los contratos mixtos para la gestión del agua, el PND contempla el “reordenamiento costero” del país. Esa medida busca por un lado, “conservar la costa” y por el otro, “promover el turismo alternativo y sustentable”. Para los especialistas, tras ese reordenamiento de las costas mexicanas está la negociación de los super corredores, como transportadores de bienes no nacionales, sino extranjeros. Se habla de los puertos mexicanos como núcleos de movimiento de mercancías; el trasfondo es que en Estados Unidos, la carga de bienes constituye ya un gran problema. Tan sólo el aeropuerto de Long Beach en Los Ángeles, California, maneja el 40 por ciento de la carga total de Estados Unidos; ahí llega el 80 por ciento de la carga procedente de Asia - motor mundial de maquila y producción-. Por eso, los barcos que llegan al puerto de Los Ángeles, deben esperar dos o tres días -sin apagar motores, trabajar varios turnos las 24 horas del día y con salarios estadunidenses-. Para solucionar ese problema, los estrategas estadunidenses “miraron hacia abajo del mapa y reencontraron los puertos de Ensenada, de Mazatlán o de Topolobampo”, expone Delgado Ramos. La zona será dotada de infraestructura de comunicación (ferrocarriles y supercorredores), y ahí llegará la mercancía extranjera. Así se liberarán los congestionados puertos estadunidenses en una operación más barata, pues se pagará con salarios mexicanos que son 64 por ciento más bajos que en Estados Unidos. “De eso se trata cuando el PND habla de los servicios competitivos, señala Delgado quien agrega que la propuesta de corredores de la ASPAN, contempló la importancia estratégica de los puertos mexicanos en el Pacífico, no sólo por su ubicación geográfica sino porque su fuerza de trabajo para manejar la carga es mucho más barata”. En la evaluación de avances, la NACC emitió en agosto el documento titulado: Prioridades del sector privado para la ASPAN. En la página 3 de la versión en castellano, se afirma que un logro es el Acuerdo de Mega-Puertos entre México y Estados Unidos. Sin embargo, los analistas estiman que esa estrategia busca solucionar el aumento en el flujo de mercancías de Asia hacia puertos y aeropuertos estadunidenses en los próximos 15 años, pues aumentará en 320 por ciento. Ahí se inserta el trazo de Canamex. Al modernizar las vías férreas de la región, ese supercorredor pasará por México, Guadalajara y de ahí, a los puertos de altura de Mazatlán, Topolobampo y Guaymas, para manejar toda la carga extranjera destinada a California. Eventualmente, se habla de conectarlo a un corredor marítimo. Además, ese corredor multimodal estará a sólo dos o tres horas y media de distancia de los puertos, en tierra pasarán por la zona agrícola (tomate, granos y hortalizas), que serán transportados hacia Estados Unidos a menor costo. Del otro lado del país, fluirá el supercorredor americano del Golfo que irá al centro de Estados Unidos. Así se conformará lo que el proyecto de Parsons de 1964 llamó: “el gran cinturón agroindustrial”. Ahí funcionarán dos puertos fundamentales: Altamira y Veracruz, cuya función será transportar recursos como gas, petróleo y petroquímicos hacia Estados Unidos, para garantizar que ese país tenga energéticos. Advierte Gian Carlo: “No se trata sólo de vías férreas, está previsto construir otro corredor que los mexicanos ni siquiera nos vamos a enterar porque va en el mar territorial y aguas internacionales. En esa obra, los buques harán escalas y pueden desembarcar en cualquier momento desde Los Ángeles, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas. En términos de movimiento terrestre de mercancías, los ferrocarriles son lo más barato que hay. ¿Cuáles son las empresas líderes? En la zona, dos empresas ferrocarrileras tienen el derecho de paso: Ferrocarril del sureste (Ferrosur) y la ferroviaria Kansas City, - que controla toda la conexión entre los puertos de Veracruz, Tampico y Lázaro Cárdenas-. El tercer actor, Grupo Ferroviario Mexicano (74 por ciento es propiedad de Grupo México y 26 por ciento de Union Pacific), controla los puertos de Manzanillo, Altamira y Tampico. Destaca Union Pacific, como parte de los socios de la NASCO, (North American Super Corridor Coalition), en la que figuran representantes de los gobiernos locales México, EU y Canadá. Refiere el economista y experto en uso de agua, Delgado Ramos, que tan pronto Kansas City se hizo del control de la línea mexicana (2005) y cuando se lanzan los corredores, anunció que triplicó sus ganancias: pasó de 639 millones de dólares a casi mil 660, en un año de operación de 05 al 06. En medio del anuncio de los corredores, la empresa Kansas City anunció su expansión con nuevas locomotoras, adquisición de carros de carga, mejora de vías y contratación de empleados. Su proyecto quinquenal proclama: en consonancia con todo este proyecto del supercorredor: “tenemos prevista la construcción de una nueva terminal intermodal en el puerto de Lázaro cárdenas por 80 millones de dólares y estaría activo en el 2009”. Los mega corredores multimodales, ambas costas de México se vincularán a través del histórico plan para unir los 280 kilómetros de la franja entre el Pacífico y el Atlántico que es el Istmo de Tehuantepec. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo bosquejó algunos corredores multimodales, ahora se rehabilitarán los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y el de Salina Cruz, confirmó Enrique Sada Fernández, secretario de economía de Oaxaca. El funcionario dijo que se trabaja en tres proyectos: “el corredor transítsmico, la supercarretera del Istmo de Tehuantepec y el parque eólico de las Ventas; para ello se está mandando el mensaje de que Oaxaca está abierto a la inversión y que hay garantías para ello. En el caso del transítsmico, se integran los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, pues se trata de modernizar la infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria de este estrecho de 280 kilómetros entre el Atlántico y el Pacífico”. En ese esquema, también se modernizarán los puertos de Centroamérica, pues los supercorredores son una alternativa viable y secundaria al Canal de Panamá, -apenas el 3 de septiembre se anunció la expansión de sus esclusas-. Nuevo enfoque Al entrar en operación los corredores multimodales se relanzará la Alianza norteamericana para el Agua y la Energía (North American Power and Water Aliance, NAPWA por sus siglas en inglés), que data de 1964 y elaboró la empresa de ingeniería estadunidense Ralph Parsons –por eso se llamó Alianza Parsons-. Proponía irrigar 223 mil kilómetros de tierras estadunidenses con agua canadiense, durante cien años a cambio de unos 140 mil millones de dólares (actualizados a 1979). Aunque el plan no prosperó se mantuvo su ruta geográfica. En 2004, tras la Cumbre Mundial sobre el Agua Dulce, se empezó a formalizar la ASPAN en Banff, Canadá, cuando sesionó la Fuerza de Trabajo sobre el futuro de América del Norte (Task Force on the future of North America, en inglés), en una reunión a puerta cerrada. Un documento de esa sesión, que se filtró al público, citaba: “Ningún asunto ni el agua canadiense, ni el petróleo mexicano ni las leyes antidumping de Estados Unidos, están fuera de la mesa de negociación. Las cuestiones controvertidas o inexplicables, simplemente requerirán más tiempo para que maduren políticamente”. Es por esa razón, asegura Delgado Ramos, que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), de Vicente Fox, hablaba de una gestión del agua que convertía al recurso público en una mercancía. “Los usuarios deben erogar no sólo al Estado, sino a las empresas que realizan esa gestión”, sintetiza el especialista. En septiembre de 2006 se realizó el North American Forum, conocido como “la agenda secreta de Banff”. Ahí, Paul Wihbey –del think tank Global Water and Energy Strategy, miembro de la ASPAN –, manifestó su intención de exportar agua a granel desde Canadá. Si bien existía gran diferencia de costos entre la propuesta de Parsons (140 millones dólares), y la “agenda secreta de Banff” de Wihbey (entre cuatro y ocho millones de dólares). Para el economista en ecología, Gian Carlo Delgado, la razón de esa discrepancia en las cifras radica en que Wihbey sólo habló del tramo canadiense, al tiempo en que ofreció a los inversionistas que obtendrían a cambio siete mil millones de dólares en utilidades. Ese fue un estímulo para las empresas de un país que reclama el acceso al agua. Los beneficios provendrían de lo que Wihbey declaró en Banff: “el problema es el precio y estimo que el asunto se solucionará pronto, cuando el mundo y el resto de Estados Unidos comience a darle un valor económico a esta mercancía”. Agua ad hoc Durante las negociaciones del TLCAN, Canadá no dejó explícitamente fuera su caudal de agua; esa ambigüedad dio origen al proyecto Futuro Norteamericano 20-25, que estableció: “En la medida de asegurar las reservas energéticas de América del Norte y su red de infraestructura estratégica necesaria para mantener su competitividad en la economía mundial, los políticos deben prever medidas legales colaborativas que integren gobiernos, el sector privado y otros sectores involucrados”. Es decir, influir en las legislaciones extraterritoriales, afirma Delgado Ramos quien agrega que también, el Plan 20-25 contempla el estímulo al desarrollo de esas políticas, “incluyendo –pero no limitándose- a cuestiones de acceso a recursos, desarrollo de tecnologías energéticas eficientes y sustentables, diversificación energética, seguridad física y cibernética e infraestructura, regulación de comercio e inversiones, manejo de riesgos e impactos ambientales”. Ese objetivo se recoge en la Visión 20-30 del PND, de México. “Ahí se considera que el agua y la energía mexicanas pueden integrarse como mercancías a América del Norte, como prevé también el Consejo para la Competitividad (NACC, en inglés) de la ASPAN”, señala Delgado. Integran al NACC: Chevron Texaco, Ford, General Electric, General Motors y Metal Steele –que posee grandes reservas de acero en México, insumo para los corredores-, Procter & Gamble y su filial Pure Water, así como las mexicanas Grupo Posadas, Grupo Modelo. Kimberly Clark México, Peñoles, Alfa Corporativo y Coca Cola, entre otras. El Instituto Mexicano de Competitividad, representante de México en el NACC, ostenta en su página electrónica el texto: Construyendo una América del Norte segura y competitiva. La versión en castellano, ubica en la página 25 el rubro Integración energética, que marca cómo en el año 2008, se debe reforzar “la colaboración trilateral en materia de distribución de energía transfronteriza”. En la página 26, bajo el rubro Reformas Estructurales en México, se habla de la integración energética. Cita, se deberá: “proporcionar un análisis estratégico que ilustre la situación operativa de PEMEX así como los rezagos financieros”. Otro punto indica: se debe: “liberar el comercio, almacenamiento, y distribución para productos refinados”. Este diagnóstico del Consejo de Competitividad que observa de modo general la necesidad de recursos de Estados Unidos, coincide con la evaluación de Pilar Ostos en el sentido de que “debe observarse lo que ocurre en toda la región, como el periplo que hacen los estadunidenses, su despliegue para ir asegurando recursos”.

Cuba ante la amenaza del imperio

Cuba ante la amenaza de EU Estados Unidos como superpotencia mundial ha recrudecido a niveles sin precedentes las medidas del bloqueo contra Cuba; persiste en su ocupación ilegal de Irak, y viola masivamente los derechos humanos de los presos en Guantánamo, al negarles un juicio justo, de defensa y de libertad Nydia Egremy Mientras eso ocurre en el mundo, en la ‘neutral’ ciudad suiza de Ginebra se discute la política cubana de los Derechos Humanos, con Estados Unidos manipulando el voto y ejerciendo una presión real para que México vote a favor de la sanción contra Cuba. Una vez más, como hace ya varios años, la Casa Blanca y el Capitolio pretenden –desde la más recalcitrante doctrina de ultraderecha- imponer al mundo su visión unilateral de los derechos universales contra un régimen que no les es afín: el de la revolución cubana que sustituyó desde 1959 al gobierno dictatorial que protegía Estados Unidos. En abril, la Organización de Naciones Unidas, que no fue consultada por Estados Unidos para la ocupación militar de Irak, es el instrumento de una política destinada a socavar la confianza de los ciudadanos cubanos en su gobierno, y con ello se pretende violar el principio de autodeterminación para juzgar la política de una nación soberana. Es en este contexto en el que la política exterior mexicana trabajó en dos niveles: por un lado, cooperando con La Habana para fortalecer las relaciones bilaterales y regionales con América Latina después de un alejamiento vergonzoso por cuatro años y, en otro, intentando librarse de la política de chantaje que le ha impuesto Estados Unidos para que se convierta en un instrumento más en su dinámica agresiva contra Cuba. Los entretelones de esa relación de tres ejes Cuba-Estados Unidos-México se van conociendo a través de investigaciones periodísticas que arrojan luz sobre el sentido de la actuación mexicana en la nada neutral Ginebra que, ansiosa, espera poder sancionar a la isla. La Habana, Cuba. Mientras la genética de la injerencia externa pretende perpetuarse en un ritual de intervencionismo a nombre de los derechos humanos, el futuro de las relaciones entre La Habana y México está en el limbo. “Cuba considera que el gobierno de México no tiene una sola razón para votar a favor de un proyecto de resolución sobre los derechos humanos en Cuba, que es fabricado por los Estados Unidos, que logre imponer sobre brutales presiones y que es usado como pretexto para justificar su política de agresión contra nuestro país, a la cual se opone el pueblo de México de manera abrumadora”. Quien habla así a Contralínea es el canciller cubano Felipe Pérez Roque, antes de la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, mientras Cuba anticipaba una resolución más en su contra en la Comisión de Derechos Humanos en la ONU y Melba Pría seguía sin ser confirmada como embajadora de México en la isla. En general, se percibía que la opción de Tlaltelolco en Suiza sería similar a la del 2004: ambigua y contraria a la ya centenaria relación bilateral. El único que no conjeturó fue el jefe de la diplomacia cubana: adelantó que si el gobierno mexicano optaba por condenar a Cuba, “el pueblo cubano no lo podría comprender”. “La votación sobre una eventual resolución sobre Cuba no ha sido presentada ni anunciada, pero si fuera presentada, como creemos que ocurrirá -porque EU necesita esa resolución como un pez necesita el agua, si no lo puede justificar- entonces debe producirse entre el 12 y el 15 de abril. “Esperamos que para ese momento haya un embajador de México en La Habana y estamos esperando el nombramiento, la llegada a nuestro país, de un nuevo embajador de México. “Allá –en México- trabaja con toda normalidad la embajada de Cuba, al frente de la cual está el embajador Jorge Bolaños, que ostenta además el rango de Primer Viceministro. Primero, en nuestra cancillería fue en su momento una muestra de nuestra relación, de nuestro respeto, nuestro cariño por el pueblo de México. Esperamos que para ese momento haya embajador de México en nuestro país. “Por otro lado, Cuba considera que el gobierno de México no tiene una sola razón para votar a favor de un proyecto de resolución sobre los derechos humanos en Cuba, que es fabricado por los Estados Unidos, que logre imponer sobre brutales presiones y que sirve sólo como pretexto para justificar su política de agresión contra nuestro país, a la cual se opone el pueblo de México, de manera abrumadora, y el bloqueo contra Cuba, que el gobierno e México rechaza en Naciones Unidas. “Lo coherente -y es lo que México hizo históricamente- fue no prestarse a votar a favor de un texto que intenta justificar precisamente una política que el mundo entero rechaza. Lógicamente una posición de México favorable de ese proyecto, lo apartaría de lo que es hoy una posición mayoritaria en América Latina, sobre todo cuando el mapa político en nuestra región ha estado cambiando y sería un acto que el pueblo de Cuba no podría entender. “El pueblo cubano y el gobierno cubano no podrían comprender que el gobierno de México mantenga un patrón de votación favorable a un texto que tiene esos propósitos contra Cuba. “Sin embargo vemos que existe en América Latina la posibilidad, este año, de que a partir de una iniciativa del gobierno de México, en la que Cuba ha participado con toda honradez y toda disposición, para elaborar una iniciativa latinoamericana de cooperación en el tema que haría, por supuesto, imposible que un gobierno latinoamericano participe en ella, mientras en Ginebra vota contra un país latinoamericano. “Es un mecanismo de cooperación e intercambio en que todos trabajamos -no de persecución- que haría que los países se alejen de un espacio el cual, todos reconocen que está politizado y que se debe sólo a la absurda y permanente persecución del gobierno de Estados Unidos contra Cuba”, concluyó el diplomático. Mientras tanto, Melba Pría aún no asume como embajadora de México y este retraso permitiría al gobierno del presidente Fox evadir el costo de su responsabilidad política, en caso de que patrocinara la propuesta estadounidense. En lo que ya es una tradición de la ‘nueva política exterior’, la encargada de negocios de la casona de Miramar, que aloja la representación mexicana en Cuba, insistía en negar cualquier información a este medio, “hasta que se lo autorizara la cancillería”. Si el voto mexicano ante la 61 sesión de la CDH confirma tácita o implícitamente la propuesta estadounidense para aprobar la designación de un relator de Derechos Humanos para Cuba, significaría signar de facto el acta de defunción de la diplomacia mexicana y de los principios constitucionales de política exterior, que tan pesados parecen a Tlaltelolco. A unos días de su viaje hacia Europa, Pérez Roque precisó la posición de su gobierno sobre el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado del presidente Bush: “La práctica unilateral de EU, al publicar un informe en el que juzga al resto del mundo pero no dedica siquiera una oración a examinar la situación de los derechos humanos en EU y las violaciones que se cometen dentro y fuera, no merece respeto y ha provocado el rechazo, al que Cuba se suma”. Dijo que así el gobierno estadunidense pretende convertir la CDH en un foro o tribunal de los países más desarrollados para juzgar y condenar a las naciones del tercer mundo; nuestro país, sin embargo, participará en un clima de cooperación en materia de defensa de derechos humanos en la Comisión, agregó. “En segundo lugar, el gobierno de Cuba considera que Estados Unidos no tiene autoridad moral para condenar a ningún otro país por violación a los Derechos Humanos, especialmente después de los crímenes vergonzosos y el patrón de violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de derechos humanos que se estaban cometiendo con absoluta impunidad y en absoluto secretismo, hasta que fueron dadas a la publicidad por fuentes independientes en la base naval de Guantánamo y en las cárceles de Irak, especialmente la de Abu Ghraib.” Enfatizó el canciller que la posición estadounidense carece de credibilidad y sobre el informe del Departamento de Estado expresó: “nos referimos a él, porque miente descaradamente sobre nuestro país y al constituir una práctica unilateral, nos vemos en la necesidad de fijar nuestra posición. Pero no lo tomamos, por supuesto, como referencia para nuestro trabajo permanente y compromiso de defensa de todos los derechos humanos. “Rechazamos categóricamente las acusaciones contenidas en el Departamento de Estado; los emplazamos a presentar una sola prueba de sus acusaciones, aunque tomamos nota del hecho de que reconocen que el año pasado, como en el resto de los años de la Revolución, no han podido –pese a que han escarbado en todo lo que han podido- encontrar un solo caso de ejecución extrajudicial, desaparecidos, asesinato de una persona en custodia de autoridad policial, lo cual resulta sintomático. “La pregunta es: si eso incluso el Departamento de Estado lo reconoce en Cuba, ¿por qué entonces es la situación en el resto de la isla la que se discute en Ginebra y no la del lugar de la isla en la que si se violan y -está reconocido- flagrantemente los derechos humanos, que es la base naval de Guantánamo? “Y rechazamos categóricamente y exhortamos a las autoridades estadunidenses –como todo el mundo- a ocuparse de sus propios problemas y dejar al resto del mundo vivir en paz”. Según el canciller, la superpotencia realiza gestiones secretas para que el patrocinador de una condena a Cuba en la CDH sea un país de Europa del Este. La génesis del ejercicio anticubano de los Estados Unidos en la Comisión e Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el llamado Documento Santa Fe - plataforma electoral y política de Ronald Reagan -, que se reedita en cada una de las sesiones de esa comisión en Ginebra, Suiza, contra un régimen y no contra los derechos humanos de un país, en lo que constituye ya un ocioso ritual Se busca patrocinador El subsecretario de Asuntos Multilaterales del Ministerio del Exterior, José Antonio Fernández, bosquejó el contexto de este nuevo voto que busca enviar a Cuba a un vigilante de los Derechos Humanos y cuya mirada se centre en un régimen, no contra violaciones, pues éstas ocurren en otra latitud de la misma isla. “Buscan que la propuesta sea patrocinada por otros países. Ahora han optado por articular la latinoamericanización del voto contra Cuba y así empiezan a reclutar en estos últimos años –2002, 2003, 2004- para que algunos países de la región en esa época se prestaran a esta acción contra Cuba “Hay que decir –explica irónico- que nunca nadie resistió más de un round en este ejercicio. Es decir, año tras año el proyecto de resolución iba pasando, cual papa caliente, a un nuevo patrocinador que aparecía a última hora.” El texto que se somete al patrocinador del proyecto es siempre en inglés –pues se elabora en el Departamento de Estado- y se le entrega a último minuto. Fue en 2004 cuando la factura estadounidense fue más evidente: “sin pudor alguno” se hizo circular el texto de la resolución en una reunión del Departamento de Estado, a la que se citó a un grupo de embajadores y se dio a uno de los países que estaban ahí convocados para que la presentara. “Fue la parte más grotesca de este ejercicio”, comenta el diplomático. También en Ginebra, los diplomáticos estadunidenses se dieron a la tarea de buscar copatrocinadores, de sumar votos al proyecto de resolución. Pese a su empeño, la resolución contra Cuba tuvo una diferencia mínima como ha sido la tendencia -22 votos a favor y 21 en contra –, a pesar de la enorme presión que se ejerció. La diferencia de cifras es mínima –de uno a tres votos-, “lo que demuestra el claro entendimiento de los países del tercer mundo, los que han votado de manera permanente junto a Cuba, de que esta votación no tenía nada que ver con los derechos humanos”, enfatiza el subsecretario Fernández.

comando norte

El Comando del Norte, engulle a México La relación militar de Estados Unidos con México afirmó su supremacía geopolítica a través del NorthCom. Al tiempo en que somete a su aliado militar a la devastadora globalización, considera como blanco enemigo a quienes traspasan su frontera Nydia Egremy La integración de facto de México al Comando del Norte (NorthCom), desde el año 2002, constituye un secreto total del gobierno mexicano. Cuatro años después y a sólo unos días del relevo presidencial en México, se ignora qué actividades realizan el Ejército y la Marina mexicanas en esa coalición trinacional y el rol que desempeñará Felipe Calderón, como comandante supremo de las fuerzas armadas del país. El Senado de la República denunció en su momento, la falta de información sobre el alcance y compromisos que adquirió el ejecutivo federal con el gobierno estadounidense en este rubro. El Comando del Norte es una estructura castrense que se anunció formalmente en octubre del 2002, y domina el espacio geopolítico de Canadá, Estados Unidos y México, a través de la coordinación de fuerzas de aire, tierra y mar para el intercambio de información e inteligencia. En abril del 2002, los senadores de los tres partidos con mayor representación en la Cámara, coincidieron en que desconocían que México era parte del Comando del Norte. El Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en que ignoraban todo lo que “implica la creación de un bloque militar en el que efectivos norteamericanos estarían actuando en litorales y territorio nacional, con el fin de apoyar en situaciones de desastres naturales, ataques contra Norteamérica y asuntos civiles de alta gravedad en México”. En esa ocasión, Diego Fernández de Cevallos, líder de la fracción panista, expresó que los senadores debían conocer “lo que quiere decir Estados Unidos con este proyecto, para así analizar la envergadura y alcances del proyecto, para que después la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emita su opinión y terminen los rumores." Lo secundó siguió el priísta, Germán Sierra Sánchez, quien denunció que los senadores solicitaron información específica a la Presidencia “y no tenemos nada; queremos saber la participación de agentes de migración norteamericanos en aeropuertos y puertos nacionales. Lo que conocemos es por la página web de la Casa Blanca y los medios". La respuesta a las inquietudes de los parlamentarios mexicanos provino el 14 de abril de 2002, de Jefrrey Davidow, a la sazón embajador de Estados Unidos en México. El diplomático admitió: “varios legisladores expresaron preocupación con respecto a la próxima creación de una nueva entidad militar, conocida como el Comando Militar del Norte (Northern Command), indicando que crearía una situación en que las Fuerzas Armadas mexicanas estarían bajo el mando de un gobierno extranjero. “Obviamente, el gobierno de Estados Unidos no tiene la intención de que eso suceda”, señaló entonces el representante del Departamento de Estado. Davidow afirmó que la adhesión a este cuerpo no significaría cambio en el reconocimiento de la soberanía de México y de Canadá por Estados Unidos, y agregó que era una decisión interna de las Fuerzas Armadas estadounidenses, “tras las nuevas circunstancias creadas por los ataques terroristas del 11 de septiembre, al igual que a la necesidad de reestructurar nuestra organización militar”. Por ello, y “en un esfuerzo de aclarar las cosas donde existe confusión”, el estadounidense negó que esa nueva estructura amenazara a la soberanía o independencia de México. Negó también el diplomático, que el establecimiento del Comando Militar del Norte, no significaría la subordinación de las fuerzas militares mexicanas a un comando militar estadounidense. Abundó, “los muchos contactos entre los militares de Estados Unidos y de México –por ejemplo, la venta de equipo e intercambio de personal en programas de capacitación– se manejarán por este comando como entidad de enlace”, a diferencia de lo que ocurría entonces, cuando esos contactos y acciones se manejaban por varias oficinas militares en Estados Unidos. El representante en México del presidente George Walker Bush, también envió un mensaje al Ejército mexicano. “De ninguna manera alterará las relaciones respetuosas que existen entre las Fuerzas Armadas de nuestros dos países; aumentará la eficiencia y los esfuerzos de cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas. Es más, al tratarse simplemente de un cambio en la organización militar interna de Estados Unidos, no implica ningún acuerdo u obligación de parte de ninguno de los dos gobiernos”. Con ese discurso, el embajador de Estados Unidos, se anticipó un mes a la inquietud que manifestaron en Mont Tremblant, Québec, los senadores Silvia Hernández (PRI) y Marcos Carlos Cruz Martínez (PRD), en el marco de la XII Reunión Interparlamentaria México-Canadá. El 11 de mayo del 2002, Silvia Hernández, presidenta de la delegación mexicana, urgió a los Congresos de Canadá y México a tener información suficiente respecto del Comando Norte, “pues de otra manera las preguntas crecerán cada vez más; hay que evitar la ausencia de información que genera malos entendidos, sospechas que pueden estar infundadas, y al final, la imposibilidad de hacer un análisis objetivo al respecto”. La parlamentaria priísta reveló que los congresistas canadienses tampoco tenían información respecto del tema. Aseguró que México debía valorar el significado del Comando del Norte, “, porque esa vigilancia y seguridad que supuestamente ellos van a dar, van mas allá de las fronteras de Estados Unidos”. Admitió que era un tema “bastante inquietante”, por la desproporción militar de México y Canadá con respecto a la superpotencia, que dedica miles de millones de dólares para su presupuesto militar. En Mont Tremblant, el senador del PRD, Marcos Carlos Cruz Martínez, expuso que al principio se informó que el Comando del Norte coordinaría a Canadá y México. “Ahora se maneja que es una organización interna de las fuerzas norteamericanas que incluye, no sólo a esos tres países, sino a algunos del Caribe y las zonas marítimas contiguas del Atlántico y el Pacífico, hasta una distancia mínima de 500 millas”. Desde Québec, ese mayo del 2002 la delegación de parlamentarios mexicanos anunció que no aceptaría ninguna intervención en asuntos militares con otras naciones. "El tema del Comando Norte ha generado una gran polémica en el país y un gran rechazo a que México pudiera aceptar algún tipo de intervención de tropas de los Estados Unidos" señaló Silvia Hernández. Tres años después, y de nuevo sin la revisión del Senado de la República, se dio el paso irreversible hacia la pertenencia de México en el NorthCom, ocurrió el 23 de marzo en Waco, Texas, cuando se firmó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN) entre Canadá, Estados Unidos y el gobierno de Vicente Fox. La consumación Aunque geopolítica e históricamente México pertenece a la plataforma de seguridad y doctrina militar estadounidense, tras los atentados del 11-S, existió la percepción en el sector militar estadounidense, de que aparentemente la Sedena no mostraba interés en tratar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través del NorthCom. Tradicionalmente, la Sedena y el Ejército canadiense trataban directamente con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Tras el 11-S, el aparato de defensa canadiense se vinculó al Comando Norte, y al parecer, el Ejército mexicano continúa con el vínculo tradicional. William Arkin, analista de los militares para el Los Ángeles Times escribió en su columna del 23 de noviembre, que el Comando del Norte "ya funciona bajo la autoridad de las ‘actividades extraordinarias', las cuales son de largo alcance –y advirtió que- ello incluye la activación de toda una serie de actividades de espionaje en contra del pueblo de Estados Unidos”. Esa fue la única confirmación de que el cuerpo castrense trigubernamental, habría engullido la independencia de las fuerzas militares de México. Secrecía castrense Pedro Iznardo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, define al Comando del Norte como una iniciativa unilateral del ejecutivo estadounidense, en el continente americano para construir un espacio geopolítico de defensa mutua, ante amenazas no convencionales (terrorismo y narcotráfico). Esas iniciativas militares, no pasaron por el respaldo del legislativo estadounidense, básicamente, el secretario de Defensa, firmó las propuestas. Con la alineación de los países latinoamericanos a su estrategia antiterrorista, bajo una dirigencia coordinada de los secretarios de la defensa nacional, Estados Unidos apeló al precedente del Comando del Norte: un acuerdo que firmó con Canadá hace diez años para proteger la región a partir del Comando Sur. Este cuerpo protege la zona en el plano comercial, de vigilancia fronteriza y colaboración tecnológica e informativa al coordinar también los servicios de espionaje e inteligencia de los países involucrados. Con ese espíritu, afirma el investigador, nació la Alianza para la Seguridad para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), una iniciativa de geoeconomía, cuya diferencia con el Comando del Norte es su carácter más gubernamental referida a criterios de política de crecimiento y desarrollo económico-tecnológico, mientras que el Comando, tiene raigambre castrense. La ASPAN, es una figura retórica que involucra a todos los gabinetes, por ejemplo: el gabinete social y económico; en el mejor de los casos de Ciencia y Tecnología. En cambio, la iniciativa del Comando del Norte se centra sustancialmente en la vigilancia y la coordinación bajo el auspicio de la Secretaría de la Defensa estadounidense. Al no existir suficiente información del gobierno mexicano sobre la participación de las fuerzas armadas en ese comando, Iznardo aprecia que la cooperación se mantiene en bajo perfil, por la tradición de no intervención de México cuya política exterior es defensiva y con una visión de seguridad nacional sustancialmente distinta a la de Estados Unidos. “Creo que la cooperación se ha dado fundamentalmente en materia de capacitación e intercambio de tecnología (o compra-venta de ella), cooperación en inteligencia disuasiva de potenciales incursiones de potenciales terroristas en territorio mexicano y de mantener relaciones diplomáticas de primer nivel en las cúpulas militares de ambos países” evalúa el académico. La secrecía oficial sobre el tema obliga a Iznardo a pensar en que se trata de prudencia política, porque tras la ausencia de una postura mexicana totalmente favorable a la política antiterrorista de la administración de Bush, tal vez el Senado no quiere generar una vertiente de conflictividad semejante a la del fenómeno migratorio. “Están dadas las condiciones para que el Senado mexicano asuma una postura más crítica, más vigilante y más disuasiva de ese tipo de iniciativas para que no se mantengan en secrecía absoluta”, por lo que el especialista recomienda que las instancias legislativas del país exijan que, incluso de manera confidencial, se les informe de la cooperación y compromisos en las cúpulas civiles y castrenses entre ambas naciones. Finalmente, el especialista prevé que el próximo gobierno de la República tendrá una política antiterrorista más cercana a los intereses de la diplomacia y estratégicos de Washington, que a los de México, pues tanto la ASPAN como el Comando del Norte, buscan alinear a México a intereses geopolíticos ajenos. “El país tiene otras prioridades estratégicas en el ámbito de la seguridad nacional, y al hacer esto a nivel presidencial, asume lo más cerca posible prioridades ajenas, buscando no dañar sus propios intereses estratégicos internos. Es un equilibrio complejo, difícil”, estimó. Proyecto hemisférico Carlos Montemayor, estudioso de los movimientos armados en México, observa que la creación del Comando del Norte es un proyecto hemisférico de protección del territorio estadounidense “por el que echa mano de toda estructura continental (el muro fronterizo incluido) para reafirmar el sometimiento de nuestros países o de nuestro hemisferio a los controles militares de Estados Unidos”. De esa manera, el control militar de la superpotencia es mucho más amplio que un simple proceso de militarización, refiere Montemayor, quien recuerda que desde los años 90’s, a través del Comando Sur se elaboró un proyecto de transformación de las fuerzas armadas continentales y convirtiéndolas prácticamente en “fuerzas de apoyo o complementarios a los ejércitos latinoamericanos, a los que se les diseñaron actividades no propiamente castrenses sino policíacas, la diferencia de la conformación estrictamente militar del ejército de Estados Unidos”. Montemayor observa un claro proceso entre 1989-1994, cuando se delinearon estas medidas, y México se sometía a los principios económicos de la globalización. “Eso implica también el sometimiento de nuestras fronteras, de nuestros cuerpos policíacos o de los cuerpos militares, a los principios y finalidades de ese país”. Preocupan problemas de México Adalberto Santana, investigador de la UNAM, experto en asuntos latinoamericanos y de narcotráfico, refiere que el Fact Book de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), señaló el impacto en los problemas de México en su seguridad nacional, pues nuestro territorio está dentro de su ámbito de seguridad nacional. “Le preocupan la sequía, el crecimiento demográfico, la corrupción, el rezago en la infraestructura, la creciente emigración hacia Estados Unidos y el narcotráfico, entre otros. Por ello, Washington visualiza medidas preventivas no sólo para México, sino para los países de la región con una política en que los órganos de represión (policías, ejércitos, contingentes militares y organismos de seguridad internos) deben estar dentro de su lógica de política global”, señala Santana. En esa lógica de prevenir y frenar políticas de agresión contra su territorio, el gobierno estadounidense articula tratados, acuerdos o planes militares de acuerdo a lo que ocurre en diversos países de América Latina. Para Santana, la inestabilidad política en México significa un problema para la seguridad estadounidense, fundamentalmente por el flujo migratorio. Ahora, los enemigos de la seguridad de Estados Unidos, son aquellos que no son anglosajones. Como afirma Samuel Huntington, quien habla de la amenaza hispana, el mundo musulmán o el del terrorismo, “pero el mejor caso de la doble moral de este discurso, es que da asilo y protección a Posada Carriles, un connotado terrorista de la CIA”. Anticipa el catedrático, que Felipe Calderón, entra en una situación de debilidad frente a la política estadounidense, por la crisis interna y una política exterior débil que mantuvo su antecesor con respecto a Estados Unidos, mientras que en América Latina se mantiene un discurso más nacionalista. Recuadro Militarizar a las policías En América Latina opera el Comando del Norte (SouthCom).Su misión es militarizar a las policías de países sudamericanos, a través de programas como el de Financiamiento Militar Foráneo, y el de Entrenamiento Militar y Educación (IMET) del Pentágono. Así lo reveló un estudio del Congreso Norteamericano de América Latina (NACLA), titulado “Soterrada militarización en las Américas” (2004), que destacó el incremento de ayuda militar en el entrenamiento de la fuerza civil por Estados Unidos. El estudio estableció que en el año fiscal del 2003, el Departamento de Defensa (Pentágono), entrenó militarmente a 22 mil 855 policías latinoamericanos, lo que representó un inusual incremento del 52 por ciento con respecto a 2002. De acuerdo con el Informe Anual de Entrenamiento Militar del gobierno estadounidense, (U.S. Government’s Annual Foreign Military Training Report), también se contempla la expansión hegemónica de la superpotencia, a través del Comando del Norte. Adam Isacson, Lisa Haugaard y Joy Olson, autores del informe, advertían que la relación militar de Estados Unidos con América Latina crece y la “guerra sobre el terror” reemplazó a la guerra fría y a la “guerra sobre las drogas”. Cuando se pensaba que la atención militar de la superpotencia se centraba en otras latitudes, nadie observó que en este hemisferio su ayuda militar ha crecido progresivamente, cita NACLA. Así, el gobierno estadounidense, a través del Pentágono continúa impulsando prácticas militares, programas y doctrina militar “confunden los roles civiles y militares, especialmente tras crear nuevas misiones militares dentro de las fronteras de los países. Esta tendencia se arraiga”, advierten los autores. El informe aseguró que el Comando del Sur tiene un creciente y desproporcionado rol en las relaciones Estados Unidos-América Latina. Así lo reflejan los 78 viajes que realizó, entre agosto del 2002 y julio del 2004, el comandante de ese cuerpo, el general James Hill a América Latina. “Un récord improbable en tiempo por ningún oficial del Departamento de Estado”, citan los autores del estudio. La periodista Dana Priest, del Washington Post, informó en su libro titulado “La Misión” (2003), que el Comando del Sur emplea a más gente en América Latina –unos mil 100- que las agencias civiles federales clave combinadas, incluyendo el Departamento de Estado, Agricultura, Comercio y Tesoro, así como la oficina del Secretario de Defensa. La lógica de trabajo del Comando del Sur y del Departamento de Defensa es definir lo que denominan “populismo radical” y las bandas criminales, como tendencias problemáticas en el hemisferio, por lo que entrenan a sus colegas uniformados para combatirlas. Sin embargo, Priest previno que “los problemas sociales no deben definirse como amenazas militares emergentes para que justifiquen una respuesta militar. Quienes toman decisiones políticas, deben reconocer las diferencias entre una fuerza policíaca –diseñada para proteger a una población a través del mínimo uso de la fuerza- y la militar, que busca derrotar al enemigo por el uso de la fuerza”. Coinciden con ella, analistas estadounidenses que advierten cómo a través del Pentágono, Washington utiliza un arma equivocada (la fuerza militar) para combatir a la delincuencia, como cuando se envía a tropas en las ciudades a luchar contra criminales comunes, lo que lleva fuertes riesgos para los derechos humanos y civiles. “En lugar de animar la hipótesis militar de los roles policíacos, los EU deberían apoyar la reforma policíaca y fortalecer a las instituciones para que estén mejor preparados para confrontar los retos a la seguridad interna”. Ayuda militar contra la economía regional En el presupuesto FY2005 de ayuda militar estadounidense, se equipara a la ayuda económica para América Latina y el Caribe. La superpotencia provee 921 millones de dólares en ayuda económica y al menos 859 millones para ayuda militar. Sin embargo, , los mayores programas de ayuda económica y humanitaria, como el de Asistencia y Desarrollo para la Sobrevivencia Infantil y su Salud, fueron reducidos al 10 y al 12 por ciento, respectivamente, desde sus niveles del FY2004, en el plan 2005 de la administración Bush. Esto continua una tendencia que aceleró en el año 2000, con la introducción del Plan Colombia de la administración Clinton, un sobrecogedor plan de ayuda militar que se renueva cada año como la Iniciativa Andina contra las Drogas regional. En 1997, por comparación, la ayuda económica fue más del doble de la ayuda militar a la región. Durante la guerra fría, el radio fue incluso mayor. NOTA APARTE. NorthCom: de Alaska a Panamá La jurisdicción que comprende esta alianza militar trinacional es colosal Gastón Pardo* La administración del PAN está sometida al diseño militar y energético estadounidense, opina Alfredo Jalife, analista crítico de los operativos geopolíticos que están emplazados en México. En la lógica de los juegos de guerra diseñados antes del 11-S, cuando Caspar Weinberger, secretario de Defensa del presidente Reagan, publicó su libro “La próxima guerra”, que esbozaban los planes militares que ejecutaría Estados Unidos contra Irán, Corea del Norte –México incluido, gobernado por la narcocracia-. Este escenario, que postula la doctrina de Paul Wolfowitz (ahora al frente del Banco Mundial), fue descrito en el artículo de la pluma de Jalife, titulado “ASPAN: la venta de México”, que critica el entreguismo de los políticos mexicanos y sus asesores de COMEXI –organismo privado de análisis de relaciones internacionales- y el ITAM hacia el neoliberalismo y la plutocracia. Al explorar la deglución de México por el Comando Norte (NorthCom), el entrevistado observó que, "en materia de seguridad, la nueva obsesión de Estados Unidos pasó del malogrado ’combate a las drogas’ al frustrado ’combate contra el terrorismo global’ y propone un ’perímetro común (sic) de seguridad para 2010’, en el que estaría incluido México en ese comando. El geopolitólogo reveló que el 12 de septiembre pasado, tuvo lugar en Banff Springs, Canadá, una reunión secreta entre delegaciones de México, Canadá y Estados Unidos, éste país con 31 miembros al más alto nivel que contrastó con los 18 asistentes de nuestro país y del más bajo nivel y sin ningún militar. Canadá, estuvo representado por 32 miembros de alto nivel (entre ellos cuatro militares). En esa reunión secreta, se tomaron acuerdos secretos a espaldas de la nación, denunció contundente Jalife-Rahme, si bien entonces, la Red Voltaire informó que como "negociador" participó por México un representante de la secretaría de Seguridad Pública. El antecedente de estos acuerdos secretos, afirmó Jalife, se remonta al mercantilismo primigenio del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLC) de hace 14 años, conocido como "el espíritu de Houston", que marcó el expansionismo globalizador estadounidense. Esa etapa se superó por la fase hipermilitarista bushiana posterior al 11 de septiembre que se tradujo en la colosal capacidad de gestión que tuvo en Banff Springs la presencia de la petrolera Chevron frente a asistentes como el almirante Tim Keating, comandante del Comando-Norte (NorthCom); George Miller, director del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (de investigaciones nucleares) y Ronald F. Lehman II, director de investigaciones del mismo laboratorio nuclear Livermore. En la reunión de septiembre, también estuvieron James Schlesinger, ex secretario de Defensa y Energía; William Perry, codirector de Defensa Preventiva; James Woolsey, anterior director de la CIA y actual vicepresidente de Booz Allen Hamilton (considerada con la consultora McKinsey, al servicio de la CIA); el mayor general Mark Volcheff, director de Planes, Política y Estrategia del NorthCom; teniente general Gene Renuart, alto militar de la fuerza aérea y asistente personal de Rumsfeld, entre otros. “Nadie de la delegación mexicana, posee la comprensión estratégica militar ni las credenciales científico-nucleares de los representantes estadounidense”. Tal desventaja no augura nada bueno, toda vez que ahora la dimensión desde la cual se prepara el dominio de los energéticos mexicanos, contempla el uso militar. Y a Banff Springs, no acudió ninguno mexicano. *periodista mexicano que trabaja en la francesa Red Voltaire

lunes, 7 de mayo de 2007

En una paradoja, la justicia estadounidense certificó al confeso delincuente multinacional Luis Posadas Carriles como terrorista y lo liberó de prisión ante las críticas internacionales

El terrorista Posada Carriles

Luis Posada Carriles tiene 79 años y siempre fue terrorista. Así lo valoran Marifeli Pérez Stable, especialista de origen cubano radicada en Miami, la diplomacia venezolana en México y reporteros del diario Por Esto! que descubrieron su paso por nuestro país en su viaje hacia Estados Unidos. Ahora, sólo espera su credencial como terrorista para salvar su vida. A dos años del furtivo paso del delincuente multinacional por tierras mexicanas, persiste la incógnita sobre la omisa actitud de autoridades migratorias que permitieron la fuga del “agente Bambi” de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a pesar de haber una solicitud de detención giradas por la agencia policial Interpol. José Luis Méndez, investigador cubano sobre terrorismo y autor del libro Salvar al mundo del terrorismo (Editora Política, 2003), dice que México es el tercer país, después de Cuba y Estados Unidos, más afectado por el terrorismo anticubano durante más de 40 años. Así lo avalan documentos desclasificados por la CIA y el FBI, accesibles en la Universidad George Washington. Esos expedientes dan cuenta de la presencia de Posada Carriles en la ciudad de México en 1963, con falsa identidad y empleado de la CIA para la Operación 40, integrada por sicarios con el fin expreso de "matar comunistas", así como para dinamitar barcos cubanos en Veracruz. A pesar de que los miembros del comando fueron apresados por ese atentado en suelo mexicano, Posada evadió la cárcel y entró y salió de México impunemente. Casi cuatro décadas después el clima geopolítico parecía haber blindado el tránsito y operación de cualquier terrorista en el hemisferio occidental. Al menos así lo plantearon los jefes de Estado en México, Estados Unidos y Canadá, en la iniciativa que firmaron apenas ocho días después, el 23 de marzo de 2005, en Waco, Texas, conocida como Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Sin embargo, Posada Carriles, prófugo de la prisión en Venezuela, liberado por Mireya Moscoso del intento de asesinato a Fidel Castro en la Cumbre Panamericana celebrada en Panamá, volvió a territorio mexicano desde donde saltó a su refugio habitual: Estados Unidos. Mientras la superpotencia consolidaba un muro protector para aislarse del “terrorismo global”, en aguas territoriales mexicanas, el 15 marzo del 2005, encallaba el buque estadounidense Santrina frente a El Farito, en Isla Mujeres, al que luego abordó el terrorista más buscado en Venezuela y Cuba. Al respecto, Gustavo Iruegas, ex subsecretario para América Latina y el Caribe, comentó en su columna titulada “Nuestro Animal maldito” (La Jornada, 3.VI.2005): “No se agregó ninguna información acerca de los motivos por los que el camaronero se desvió de su corta travesía de Bahamas a Miami hasta Isla Mujeres, aun con la corriente del Golfo en contra”. La explicación real provino del diario Por Esto! al documentar que la causa del cambio de rumbo fue para recoger a Posada Carriles y trasladarlo a Estados Unidos. Tras ventilarse el caso del Santrina, la explicación oficial provino del entonces secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot, quien afirmó que Posada llegó a suelo estadounidense a bordo del buque y que antes estuvo en Isla Mujeres. Peyrot, siempre atento a combatir terroristas, no explicó cómo un hombre que cometió actos violentos en nuestro país y cuya extradición era requerida por la Interpol, pasó sin problemas el puerto fronterizo de Subteniente López y siguió su ruta a Miami en un buque extranjero que explicó su ingreso en aguas mexicanas bajo la cobertura de un viaje ecológico estudiantil. Y aunque la presencia de Posada Carriles sí era un riesgo para la seguridad nacional, ninguna autoridad federal intervino. De acuerdo con los periodistas Yolanda Gutiérrez y Renán Castro, de Por Esto!, el camaronero Santrina, conducido por José Pujol –denunciado por Fidel Castro, como un viejo agente de la CIA- siguió la misma ruta que utilizan en esa región el tráfico ilegal de emigrantes cubanos y de estupefacientes. Esa vía ha sido explorada intensamente por miembros de las organizaciones radicales anticubanas de Miami, Florida. Certificado de terrorista Luis Posada Carriles Méndez, fue enjuiciado en Estados Unidos por haber mentido al ingresar al país al declarar sobre su nacionalidad. Además, el gobierno de Venezuela, solicitó su extradición para que rinda cuentas sobre la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976, que causó 73 víctimas mortales. Para que ello ocurra, sólo debe ser certificado como terrorista por la justicia estadounidense. De acuerdo con la normatividad antiterrorista vigente en la superpotencia, tras el 11-S del 2001, el caso de este “miliciano” o “sicario”, debe ser certificado como un terrorista. De ser así, se le aplicaría la sección 421 de la Ley Patriota, que permite al Servicio Nacional de Inmigración y Naturalización retener a cualquier extranjero sospechoso de terrorismo. Por otra parte, la Sección 802 de esa misma Acta, amplía la definición del crimen federal de terrorismo, al incluir el “terrorismo doméstico” como acto peligroso para la vida humana, en tanto violación de las leyes criminales, si ese acto tiene lugar primeramente en los Estados Unidos. De aplicarse la ley, el expediente criminal del ex “agente Bambi”, podría observar el periplo de delitos que ha cometido en el continente y no sin olvidar los daños y perjuicios que provocó en nuestro país. Aunque en este caso el sistema judicial estadounidense parecía entrampado con un nuevo desafío: liberar o mantener bajo custodia a un confeso criminal multinacional, el 26 de abril la situación dio un giro al enviar a Posada Carriles a casa. Ahí se refrendó el compromiso asumido por las distintas administraciones –republicanas o demócratas- con el personaje y quedó de lado la petición de Venezuela. La extradición pudo resolverse el mismo año de la detención de Posada Carriles. En el 2005, en El Paso, Texas, el juez de inmigración William Lee Abbott, parecía dispuesto a ordenar su extradición a Venezuela y la fiscal, Gina Jackson, argumentó que la nación sudamericana no constituía un "peligro" para el delincuente internacional. La balanza se inclinó a favor del ex empleado de la CIA, desde que la jueza Kathleen Cardone, dejó de lado su historial delictivo y señaló: “Mientras tuvo un pasado controvertido y se escapó de una prisión extranjera hace décadas, es ahora más viejo y más delicado de salud que lo era cuando los eventos alegados ocurrieron. Este viejo e inválido, tiene fuertes lazos con la comunidad”, por lo que redujo la fianza que pidió el fiscal. Adicionalmente, para la jueza, los crímenes de Posada Carriles se sintetizaron en una frase: no son relevantes para este caso, pues “ocurrieron supuestamente hace años en países extranjeros”. Aún así, el resumen judicial detalla que la vida entera de Posada Carriles está ligada con "algunos de los eventos más infames del siglo XX en la vida política de América Central"; precisa que fue "oficial de la US Army" y que estuvo "vinculado" a la CIA. Para la magistrada, el juicio contra Posada se trata de que él “sólo” usó su propio nombre y los de Ramón Medina y Franco Rodríguez para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Si bien, el instalador de bombas usó un falso pasaporte guatemalteco con su foto y el nombre de Manuel Enrique Castillo López. En virtud de que la Fiscalía no presentó las pruebas que solicitó el juez de distrito Philip R. Martínez, en febrero pasado, para constatar que Posada constituye "un riesgo terrorista" (terrorist risk) y así detenerlo, Cardone valoró que la "naturaleza y las circunstancias" de los delitos que le acusa ahora, "pesan en su favor". Así, el juez dictaminó: "No se encuentra acusado, en esta o en cualquier otra causa, de un crimen de violencia o de otros crímenes que implican la inmediata seguridad de la comunidad". La magistrada fue más allá al afirmar: "la Corte estima que la historia y las características de (Posada) pesan en su favor". Cardone retomó el argumento de que ningún país quiere aceptar al criminal y razonó con este argumento: "Si (Posadas) iba a huir a otro país, no tendría acceso a los mismos derechos, los beneficios y el apoyo que recibe en este país”. Y es en EU donde la prensa y medios jurídicos especializados sospechan que el procurador general, Alberto Gonzáles, despidió a varios fiscales por negarse a respetar sus orientaciones, y se aceptó la decisión de salvar a Posada de un juicio por terrorismo. Así lo indicaron los fiscales de la Sección Antiterrorista del departamento de Justicia, al perder el litigio de la fianza de Posada Carriles en El Paso. Se trata de John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, con oficinas en Washington, Calle 10 y Avenida de la Constitución. Ahern declaró a la Agencia France Press, que Estados Unidos no tiene jurisdicción para juzgar al acusado por el ataque al avión cubano en 1976. Con ello se omitiría de facto el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, suscrito en 1971, en Montreal, y el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, vigente desde 2001, citados en relación con ese caso. Burlar fronteras Marifeli Pérez Stable, cubana nacionalizada estadounidense, catedrática de la Universidad de Miami, columnista del Miami Herald y muy influyente en los círculos hispanos de la Casa Blanca, dio a Contralínea su opinión sobre el actual proceso contra Luis Posada. "En esta ocasión, Posada fue arrestado por entrar ilegalmente a Estados Unidos, y si bien estos cargos no incluyen su quehacer violento contra el gobierno cubano, es difícil obviarlo. Desde el punto de vista de Estados Unidos, un individuo que ha propiciado el terrorismo burló sus fronteras”. Para la promotora del diálogo cubano-americano, tras los atentados del 11-S, ninguna administración estadounidense podía haber pasado por el traspaso de su frontera. “Es por ello que el gobierno federal apeló la decisión del tribunal que pretende trasladar a Posada de la cárcel a su casa en Miami, donde sus movimientos serían constantemente verificados mediante un brazalete electrónico”, sostiene Pérez Stable. Con respecto al argumento de la avanzada edad y el estado de salud de Posada Carriles, que esgrimió la juez federal Kathleen Cardone: “No podemos olvidar las víctimas de los atentados que se le achacan, desde la voladura de una nave de Cubana de Aviación en 1976 hasta los bombazos en varios hoteles de La Habana a mediados de los 90”, enfatizó Marifeli Pérez. Por su parte, Gustavo Iruegas, canciller del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que existe un doble rasero del mundo desarrollado con respecto al terrorismo. “El de los poderosos hacia nosotros, como las recomendaciones en materia económica que nos hacen y ellos no las aplican: además, se nos exige, califica y descalifica a nuestros gobiernos por su desempeño en la observación de los Derechos Humanos y en el mundo desarrollado y en EU su propio desempeño deja mucho que desear”. En el caso de Posadas Carriles, “un criminal especialmente repugnante, demuestra claramente que en Estados Unidos es terrorista cualquiera que disienta de ellos o a quien consideran enemigo; mientras sus propios terroristas gozan de privilegios, se hacen de la vista gorda o como en este caso, con gran descaro omiten enjuiciar a un criminal que ha aceptado sus propios crímenes. “Esto es una afrenta no sólo al pueblo cubano y al gobierno venezolano que lo reclama, sino a todo el mundo que estamos sometidos a esta rigurosa vigilancia contra el terrorismo por los países poderosos y al mismo tiempo, somos testigos de cómo se solapan los crímenes cometidos por este personaje tenebroso”. Con respecto a la actuación de las autoridades mexicanas, que dos años antes y después, no explicaron su omisión, Iruegas sentencia: “Todos podemos estar seguros y convencidos de que el gobierno de México fue cómplice en la fuga y protección de este individuo a su viaje a Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela reivindicó su derecho a expatriar al Posada Carriles al considerar que su liberación por el gobierno de norteamericano, “sumaría un elemento más al historial de protección y promoción de acciones terroristas del gobierno del presidente Bush”, justo en el marco del quinto aniversario del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Además, el documento con 11 tesis que emitió el gobierno venezolano, sostiene que ”tanto la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976, como el golpe de Estado de 2002 en Venezuela, fueron dirigidos con la complicidad de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos”, además de que “con la ayuda de Washington, el terrorista logró escapar de una cárcel venezolana en 1985 para dirigir una campaña de terror contra Nicaragua, en la operación Irán-Contra”. Luís Posada Carriles lleva 22 años prófugo de la justicia de Venezuela y al ingresar ilegalmente en Estados Unidos en marzo del 2005, la solicitud de extradición de Caracas no ha obtenido respuesta y las redes de tráfico ilegal de cubanos hacia Estados Unidos por México, permanecen intocadas.